Un caso evidente de esto es la creación de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, tras la huelga general de 1902, que se inició y tuvo una especial incidencia en Cataluña. Este no es el único caso de iniciativa cuasi privada en aquellos años, dos años antes, la Caja de Ahorros de Guipúzcoa abrió una sección de “retiro”.

La primera referencia sobre políticas de protección social hay que buscarla en la Comisión de Reformas Sociales (1883), siendo la primera ley en esta materia la Ley de Accidentes de Trabajo, de 1900. Tras estas iniciativas, el inicio del proceso asegurador para la vejez lo encontramos a partir de la creación del Instituto de Reformas Sociales (IRS en 1903) y del Instituto Nacional de Previsión (INP en 1908).

Será en 1919 cuando vea la luz la ley de Retiro Obrero, en 1929 el Seguro de Maternidad y por fin en 1931, la Constitución de la II República, en su artículo 46, dará cobertura a las necesidades de los trabajadores en pro de una existencia digna, regulando los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas, entre otras situaciones reivindicadas por las organizaciones de los trabajadores.

En 1963, se unifican a través de la Ley de Bases los distintos seguros sociales y mutualidades vigentes hasta la fecha, configurando un sistema integrado y de reparto. El régimen franquista reconoció, en la exposición de motivos de la ley, que se buscaba mediante ésta la “convivencia ordenada y justa de los españoles” evitando de esta forma posibles explosiones de conflictividad social.

El último momento significativo en esta materia tuvo lugar en abril de 1995, con la aprobación del Pacto de Toledo por parte del Congreso de los Diputados; de cuyo contenido, algunas recomendaciones aún están pendientes de aplicación y desarrollo, como por ejemplo la separación de las fuentes de financiación.

He intentado fijar los hitos históricos que marcan la evolución de un derecho fundamental para los trabajadores; como lo es el derecho a una pensión digna. Un derecho que nadie nos ha regalado, pues estas iniciativas y avances en la legislación siempre, como en el ejemplo de 1902, han estado precedidas de luchas reivindicativas de los trabajadores con sus organizaciones políticas y sindicales al frente.

Son los orígenes del Sistema Público de Pensiones. Las pensiones de jubilación, viudedad u orfandad conforman uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar junto  a la sanidad, la educación y la dependencia. Unos pilares que atienden las necesidades de la clase trabajadora, necesidades, que deben ser cubiertas por la red pública, cuando nos jubilamos, cuando caemos enfermos, cuando nos quedamos sin puesto de trabajo, etc.

En el presente periodo de nuestra historia, los sindicatos de clase venimos defendiendo el sistema de seguridad social, ejerciendo de punto de equilibrio frente a los grupos de interés que persiguen la “privatización de hecho” de las pensiones públicas.

Asistimos a campañas publicitarias con los supuestos parabienes de la capitalización, señuelo que se les ha desmoronado con la crisis económica que sufrimos desde 2008, dado los bajos rendimientos obtenidos por las gestoras privadas: según datos del Banco de España, editados el pasado mes de abril, la cifra de los depósitos formalizados en fondos y planes de pensiones privados se ha derrumbado en 10.801 millones de euros en marzo de 2016, de tal manera que la cartera de dichos depósitos cerró el mes con un valor de 42.680 millones de euros, tras sufrir una variación intermensual negativa del -20,2%.

Sin ser novedoso, también recurren al miedo, apelando al incremento de la esperanza de vida y a que el Sistema Público de Pensiones no es sostenible, por lo que no habrá pensiones para los trabajadores que hoy están en activo. Argumentos “de parte” que el profesor Vicenç Navarro desmonta uno a uno en su artículo “Las pensiones son viables” (www.vnavarro.org).

Los trabajadores tenemos que defender un derecho que hemos recibido y que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras. Entre todos los asalariados y asalariadas tenemos que concienciar, ante el conjunto de la sociedad, de la necesidad de mantener intacto el derecho a una pensión digna, que dependa de las contribuciones de los trabajadores y de los empresarios. Que nadie pretenda establecer rentas de suficiencia, con carácter caritativo, a cambio de lo que no es otra cosa que salario diferido.

El verdadero problema de sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones es la utilización abusiva y desmedida que el Gobierno del PP ha hecho del Fondo de Reserva de las Pensiones; pasando de los 66.815 millones de euros que había en 2011 a los 24.207 en la actualidad.

El problema de sostenibilidad de las Pensiones es la caída en los ingresos de la seguridad social, motivada por las bonificaciones fiscales, tarifas planas y otros regalos que el Gobierno ha venido haciendo a las empresas, para la práctica totalidad de los contratos. También tiene efecto en la caída de los ingreso de la Seguridad Social la brutal destrucción de empleo que hemos sufrido en estos años, a lo que hay que añadir que el empleo que se genera es extremadamente precario; prueba de ello es que mientras los datos del INE dicen que la afiliación a la seguridad social crece un 3,4% a junio de este año, los ingresos crecen al 0,77%. Un desfase que, según un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia, en doce meses los gastos superan a los ingresos en más de 17.350 millones de euros. No olvidemos que la precariedad y el desempleo, y por tanto la reducción de los ingresos de la seguridad social, están en relación directa con las reformas laborales de 2010 y 2012.

No tienen derecho a destruir lo que tanto nos ha costado construir.

]]> https://federaciondeservicios.org/uncategorized/defendamos-el-sistema-publico-de-pensiones/feed 1 https://federaciondeservicios.org/uncategorized/no-al-ttip-2 https://federaciondeservicios.org/uncategorized/no-al-ttip-2#comments Mon, 12 Sep 2016 11:16:11 +0000 Fes y secretarías https://federaciondeservicios.org/?p=12758 La Unión General de Trabajadores denuncia la “Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión” (TTIP en sus siglas en inglés). Es un acuerdo concebido a la medida de las necesidades de las multinacionales y los grandes grupos empresariales, que antepone los intereses económicos de las grandes corporaciones a los derechos de los trabajadores.

Este “Acuerdo” lleva negociándose desde 2013, a espaldas de los ciudadanos y con barreras de acceso a la información incluso para los europarlamentarios/as, que representan a los millones de ciudadanos europeos que les han votado en sus respectivos países.

Ya en el último lustro del pasado siglo, los lobbies económicos, participados y financiados por las mismas multinacionales que hoy serían las principales beneficiarias del TTIP, pretendieron que los gobiernos europeos asumiesen el “Acuerdo Multilateral de Inversiones” (AMI), que buscaba, quizás con palabras distintas, los mismos objetivos que el TTIP. Cómo sería de pretencioso y brutal aquel AMI, que hasta el Gobierno presidido por Aznar en 1998 rehusó aprobarlo. El AMI no vería la luz, pero lo siguen intentando.

El TTIP, como los demás acuerdos bilaterales y/o multilaterales transfronterizos que se han firmado, busca dar una salida al gran problema que está en el origen de la crisis sistémica que venimos padeciendo desde 2008: los mercados se han saturado y las empresas no son capaces de mantener el incremento de sus tasas de beneficio, por tanto buscan negocio; hasta ahí normal. El problema es que la solución para los intereses empresariales, con la connivencia de los gobiernos, está siendo simple y cruel para los pueblos; reducir al mínimo la remuneración de los trabajadores; aunque sea a costa de llevarles al umbral de la pobreza y a la pobreza  misma. La solución la ven en exigir a los gobiernos bonificaciones y reducciones fiscales aunque sea mutilando y poniendo en riesgo el Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia. Alimentan la insaciabilidad del Mercado privatizando empresas y servicios públicos para trasvasar riqueza de lo público a lo privado, etc.

Es para poder mantener su tasa de beneficio para lo que las patronales reclaman “reformas estructurales”; un eufemismo para no decir a las claras que necesitan que les adapten la ley a sus necesidades económicas; en España, en materia laboral, lo hemos visto y lo estamos sufriendo desde la introducción de las reformas laborales de 2010 y 2012.

El TTIP marca una serie de obligaciones entre las partes que, en caso de aprobarse, se verían beneficiados los intereses empresariales de las multinacionales y grandes corporaciones estadounidenses y europeas. Los gobiernos se verían obligados a cambiar las leyes nacionales y trasponer las directivas europeas que se adaptarían en base a los objetivos marcados en el TTIP.

Se pretende rebajar el nivel de exigencia de la legislación europea en materia laboral, medioambiental y de protección de la salud. Quienes avalan la negociación y firma del TTIP, piden la desregulación para el uso de productos químicos, tóxicos, transgénicos, hormonas para el crecimiento, pesticidas, así como de los controles de seguridad alimentaria tales como el etiquetado de los productos, por poner algunos ejemplos.

Se trata de un nuevo avance en la desprotección de los servicios públicos, para continuar en la senda de la privatización. Esto constituye en si mismo la demolición de las políticas de igualdad y cohesión social, como ya está ocurriendo en nuestro país. El TTIP, socava esas políticas de igualdad y cohesión social como basamento fundamental de la democracia.

La legislación sobre los servicios públicos es potestad de cada Estado miembro de la UE. Con el TTIP, esta potestad quedaría subordinada a los compromisos adoptados en el acuerdo. De hecho, se están poniendo en cuestión principios básicos de la democracia y la soberanía de los estados al concederse una mayor protección legal a las grandes empresas frente a los ciudadanos y a los propios gobiernos. Y esto ocurre por un mecanismo que forma parte del TTIP conocido como “convergencia regulatoria”, y que supone que debe armonizarse la normativa para todo tipo de bienes, servicios e inversiones. Esta convergencia atenta contra la democracia al dar poder a las grandes multinacionales para intervenir leyes y/o normas aprobadas por los parlamentos.

Por eso cada Estado deberá, si la negociación continúa adelante, ratificar el acuerdo en sus respectivos Parlamentos, pues estaríamos realizando una nueva cesión de soberanía; en esta ocasión en materia de servicios públicos, entre otras cosas.

La osadía de los propulsores del TTIP se redondea con los instrumentos contenidos en el acuerdo, como lo es la “convergencia regulatoria” ya citada, para el caso de discrepancia en la aplicación del acuerdo. Introducen mecanismos extraños a los criterios judiciales europeos, para preservar los intereses de las grandes corporaciones frente a los estados; me refiero a los “tribunales especiales”, a través de los cuales las grandes empresas podrían demandar a los gobiernos con el objetivo de cuestionar regulaciones que garanticen derechos sociales, laborales o de protección del medioambiente.

A este respecto, me permito recordar aquí la opinión manifestada el 12 de junio de 2015 por la Asociación de Jueces para la Democracia, opinión jurídica muy fundamentada: “…,lo que significa este Acuerdo es la ausencia de sanciones contra abusos empresariales o la privatización de servicios públicos.”

El 9 de junio del pasado año, las confederaciones de UGT y CCOO remitieron una carta a los grupos parlamentarios europeos, manifestando su rechazo al “ mecanismo de resolución de controversias”. Hoy, la UGT queremos denunciar y clarificar lo que conlleva este acuerdo entre Europa y los Estados Unidos.

El Banco Central Europeo, y el resto de organismos económicos internacionales como el FMI, continúan insistiendo a través de su portavoz en “la tierra”, el Banco de España, en que tiene que haber más fusiones entre entidades bancarias. Mienten cuando dicen que no queda más remedio, que es un problema de rentabilidad. Es falso, como fue un montaje y una “estafa” social el regalo de las cajas de ahorro a los bancos privados. Argumentan que no hay rentabilidad porque el precio del dinero está en cero. Yo digo que el problema no es el precio del dinero, al menos no sólo; el problema está en que las entidades no invierten, no dan crédito ni a las familias ni a las empresas. Han abandonado la banca tradicional para centrarse en la banca especulativa. Por muchas campañas publicitarias que hagan diciendo que el crédito hipotecario se está recuperando. El objetivo verdadero que hay tras este mercadeo especulativo es la selva, la actitud salvaje del mercado, para eliminar a la competencia. En la década de los 90, Emilio Botín pedía al Gobierno cambios legislativos para que los bancos pudiesen comprar Cajas de Ahorro -y en aquel entonces no había problemas de rentabilidad ni tipos en torno a cero-. A lo que el “insigne” Vicepresidente del Gobierno de Aznar, el Sr. Rato, haciéndose eco de lo que dictaba el FMI, decía que las cajas de ahorro no podían ser entidades sin dueño.

Si hay alternativa: la banca pública, al menos a partir de las entidades que han sido saneadas con dinero público. 61.000 millones (6,1% del PIB), más avales y otras ayudas del Estado que pueden llegar a superar los 150.000 millones, entre efectivo y riegos asumidos, lo que el Estado ha puesto a disposición de la Banca.

La actitud mediocre del empresariado español no está ajena entre los banqueros que habitan en la piel de toro, pues las ayudas del Estado y las inyecciones de liquidez provenientes del BCE, a bajísimos tipos de interés, han sido utilizadas para lucrarse invirtiendo en deuda del Estado, para destruir un 25% de las plantillas de trabajadores/as bancarios y para cerrar un 30% de las oficinas, generando de este modo desempleo y exclusión financiera, esto último por partida doble; una porque no hay acceso al crédito y otra porque, principalmente en zonas rurales, millones de personas tienen que trasladarse muchos kilómetros para operar en la oficina más próxima.

Ahora anuncian otra vuelta de tuerca, más despidos y más cierres de oficinas; más desempleo y más exclusión financiera. Ante esto, el Gobierno debe intervenir, por eso es prioritario tener un Gobierno de izquierdas.

Además, al margen de las necesidades de los señores banqueros, nacionales y/o internacionales, deben prevalecer las necesidades del Estado, en última instancia del pueblo. Pues si el Estado contase con una red para la distribución del crédito, cosa que el ICO no es, se podría fomentar la inversión, la investigación y la innovación, como único camino para la recuperación económica y la creación de empleo con valor añadido.

Si el Estado, en lugar de sanear con dinero público a las entidades privadas, las hubiese nacionalizado para operar con ellas, incluso podría haber paliado el drama de la vivienda que venimos sufriendo en España en estos últimos años, pues la Sareb, debería haber sido un instrumento de acción política en lugar de un negocio, como tantos otros, en el que las pérdidas se socializan y los beneficios se privatizan.  

Este decretazo (Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero) que impuso el Gobierno del PP, haciendo uso y abuso de su mayoría absoluta, ha tenido consecuencias nefastas para la mayoría social de nuestro país: asalariados y asalariadas, desempleados y desempleadas, y pensionistas –mayoría social que se complementa con los autónomos y estudiantes hijos e hijas de la clase trabajadora-. Por el contrario, una minoría de la sociedad se ha hecho más rica: el poder adquisitivo de los salarios superiores a 6.000 euros mensuales han crecido. Es sintomático que por vez primera en la historia la mayor fortuna del mundo sea española. En definitiva, los ricos son más ricos y los pobres somos más pobres.

La crisis económica ha sido utilizada, y lo continua siendo, como excusa para atacar al Estado de Bienestar: Pensiones, Educación, Sanidad y Dependencia. El sistema Público de Pensiones está afectado por el deterioro de los salarios y las cotizaciones a la Seguridad Social, algo de lo que la reforma que exigimos sea derogada tiene mucha culpa.

La “coartada” de la crisis queda manifiesta en la primera frase de la exposición de motivos del R. Decreto –Ley 3/2012: “La crisis económica que atraviesa España desde 2008 ha puesto de relieve las debilidades del modelo laboral español”. A parte de ser falso que el modelo laboral esté en relación con la crisis, cabe preguntarse: ¿tras la reforma laboral, es más fuerte el modelo laboral español?. Para los trabajadores y trabajadoras no. También se puede afirmar que el tejido empresarial tampoco se ha fortalecido, ni la economía, ni ha disminuido la deuda pública, etc. Por ende, el único resultado perceptible es el incremento de la especulación y la fuga de capitales a paraísos fiscales.

Desde nuestra óptica sindical, la reforma laboral sólo ha traído miseria y pobreza. Algunos datos:

• A septiembre de 2015, el paro juvenil en menores de 25 años se ha situado en el 46,7%.
• Tras el primer año de reforma laboral, en 2013, el paro en España alcanzó el 26,94%, rozando los 6 millones de desempleados y desempleadas. Frente a tasas de desempleo del 7,9% en la UE-15 y del 8,9 en la UE-28.
• La EPA al tercer trimestre de este año 2015 dice que continuamos en 4.850.800 desempleados y desempleadas.
• Según la EPA al tercer trimestre de 2015, hay 1.572.900 hogares con todos sus miembros en desempleo.
• A Diciembre de 2011, había 2,2 millones de desempleados que no cobraban ningún tipo de prestación.
• Al tercer trimestre de 2015 son 3,7 millones los desempleados/as que no cobran ningún tipo de prestación.
• 2011 se cerró con una población ocupada de 17.807.500 trabajadores y trabajadoras. Una tasa de parao del 22,85%.
• El tercer trimestre de 2015 se ha cerrado con una población ocupada de 18.048.700 trabajadores y trabajadoras. Una tasa de paro del 21,18%.

Es decir, que todo el sufrimiento y destrucción de derechos de estos años, sólo ha servido para que las estadísticas digan que tenemos 241.200 ocupados más, un 1,67% menos de tasa de paro; para tener 1,5 millones más de desempleados y desempleadas sin ningún tipo de prestación; casi un 50% de paro juvenil; más de doble de paro que la media de los países de Europa, tanto si nos comparamos con los 15 como si lo hacemos con los 28. Sin mencionar que España comenzaba 2015 con 2.183.043 de compatriotas emigrados.

Celebramos sinceramente que la bárbara destrucción de empleo haya frenado; sin bien esta afirmación, nosotros mismos tenemos que matizarla, pues se continua destruyendo empleo y el empleo que se genera es ultra precario.

La reforma laboral de 2012 ha creado por tanto las condiciones para generar un “ejército de reserva” de más de 5 millones de trabajadores y trabajadoras, de los cuales 3,7 millones que no percibe ninguna prestación se ven abocados a aceptar empleos en condiciones muchas veces indignas. Ese y no otro era el objetivo de la reforma laboral: reducir drásticamente el coste de la mano de obra. Una derivada de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es que en 2014, el 29,2% de la población (en su 100% clase trabajadora) estaba amenazada de pobreza.

¿Dónde está el éxito de la política económica?. Afirmamos que “el modelo laboral español”, lejos de haberse fortalecido, se ha debilitado en estos años.

No quiero quedarme en la petición teórica de derogación de la reforma laboral, por eso concretaré los contenidos esenciales de dicha reforma. Insistiendo en que los catastróficos efectos para el empleo y las condiciones de trabajo en nuestro país obedecen a que el desequilibrio de las relaciones laborales, entre Organizaciones Sindicales (trabajadores) y Organizaciones Empresariales (empresarios) ha sido tal, que un espacio relativamente corto de tiempo se ha retrocedido en algunos aspectos más de una década.

Los criterios más perniciosos de esta reforma son los siguientes:

1º)  El abaratamiento del despido. Se generalizó la indemnización de 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades, frente a los 45 días con tope de 42 mensualidad que regía en la norma con anterioridad. Se amplió la flexibilidad, para despedir por causas objetivas con indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario, a partir de la introducción de las causas económicas para justificar un despido objetivo, permitiendo que cuando una empresa tiene pérdidas actuales o previstas o ve disminuir de forma persistente sus ingresos puede acogerse a esta modalidad de despido. Este abaratamiento brutal del despido ha destruido más empleo por “goteo” que el conjunto de los expedientes de regulación.

 2º) Se incluyó una gran facilidad, para los empresarios, en la regulación de los ERES. Desde la reforma, se permite que los despidos colectivos se desarrollen sin la necesidad de la autorización laboral. Esta medida junto al abaratamiento de los despidos en general y los despidos por causa objetivas, explicado en el punto 1º), han sido los detonantes de la destrucción de empleo acelerada que hemos sufrido.

3º) Limitación drástica de la ultraactividad de los convenios a un año. Lo que significa que una vez que finaliza el plazo de vigencia el convenio sólo se continúa aplicando durante un año. Si antes de ese plazo no hay acuerdo para renovarlo, los trabajadores pueden perder las condiciones establecidas en el convenio y deben regirse por lo estipulado en el Estatuto de los Trabajadores. Desde la publicación de la reforma se cuentan por cientos los convenios colectivos bloqueados por la intransigencia patronal, consecuencia de ello es la pérdida de derechos para millones de trabajadores/as.

4º) Se prioriza el convenio de empresa frente a los convenios sectoriales. Esta es, a mi modo de ver esta reforma, una de las medidas más perniciosas y la que más desequilibra la capacidad de negociación entre trabajadores y empresarios, pues se establece el campo de negociación en el terreno en el que el empleador goza de poder casi omnímodo, la empresa; es el paso anterior a que el trabajador a título individual tenga que “negociar” con quien le contrata. De hecho, la CEOE ya está planteando la desfachatez de individualizar la negociación de las condiciones de trabajo, como si el trabajador y el empresario estuviesen en igualdad de condiciones. Con esta medida, se pierde la libertad que deben tener los negociadores de las condiciones de vida y trabajo para los asalariados y asalariadas, quienes no deben tener vínculo contractual con los negociadores empresariales. Además, esto induce a la competencia entre empresas teniendo en cuenta sólo el coste del trabajo, lo que ahora se viene a llamar el “dumping” salarial.

Hay otros cambios normativos que han facilitado la reducción de costes laborales para los empresarios, como son: la “flexibilidad” en el cambio de las condiciones de trabajo en materia de jornada, turnos, funciones, salarios, así como todas aquellas condiciones de trabajo o salariales individuales, no reguladas en convenio colectivo, las cuales pueden ser eliminadas a nombre de la “modificación sustancial de las condiciones de trabajo (Artº 41 del Estatuto de los Trabajadores). Se ha facilitado la posibilidad de no aplicación del convenio, por la vía del descuelgue. Se ha llegado incluso a la barbaridad de permitir que se realicen horas extras en contratos parciales, o el establecimiento del contrato con periodo de prueba de un año, para las PYMES; y otros elementos que han venido a, insistimos, desequilibrar lo que por su naturaleza en el orden económico que vivimos ya parte como desequilibrado: la relación de poder entre empleador y empleado, entre explotador y explotado.

La mayoría social ha sido agredida en sus condiciones de vida y trabajo, una agresión que socava los cimientos de la convivencia. Es por eso que, por salud democrática, exigimos la derogación de la reforma laboral.

Precariedad es sinónimo de pobreza en España y en Europa; ¿qué clase de fe religión cristiana profesa, quien dice que la pobreza no es mala?, solo puede tratarse de una farisea.

Esta individua ocupa la responsabilidad de la Comisaría Europea que diseña el austericidio. Un organismo que, junto al Banco Central Europeo (BCE) y al Fondo Monetario Internacional (FMI), marcan el objetivo de que al menos el 70% de los trabajadores sean pobres, a través de sus directrices de recortes y reformas estructurales, cuando hipócritamente señalan que hay que “combatir la desigualdad entre trabajadores” y “la dualidad laboral”.

Pero no plantean que todos los trabajadores tengan salarios dignos y contratos estables, lo que están planteando es que la mayoría de los trabajadores tengan contratos precarios.

La Sra. Thyssen ha participado estos días atrás en la convención del PP europeo, celebrada en Madrid. Dice que cada vez que viene a España se encuentra buenas noticias. Debe referirse como buenas noticias a los datos que ha aportado la EPA al cierre del tercer trimestre, pues en ellas ve afianzados sus verdaderos objetivos:

• En el tercer trimestre de este año, los contratos indefinidos han caído en 18.900.
• Por el contrario, los contratos temporales han crecido en 205.000.
• 1.572.900 hogares tienen a todos sus miembros en edad de trabajar en el desempleo.
• 720.000 hogares no perciben ningún ingreso.
• El 49,2% de los jóvenes menores de 25 años están en desempleo.

Claro que para los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en situaciones desesperadas un contrato de trabajo “no es malo, aunque sea precario”. Pero los gobernantes europeos o de los estados miembros no pueden asumir esta situación como un mal menor, pues eso lleva a que lo normal sea la precariedad y que ésta se universalice.

Es inaceptable que la desregulación de las leyes laborales, como nuestro Estatuto de los Trabajadores, que esos mismos gobernantes han impuesto, esté llevando a los empresarios a pretender condiciones laborales de semiesclavitud.

Por tanto, la precariedad si es mala, muy mala, señora Thyssen.

De aquel Congreso, celebrado en un contexto político y social de Dictadura militar, la de Primo de Rivera, nació la base estructural de federaciones nacionales de industria, tantas como 40⁽²⁾, base que hoy perdura en una estructura de 6 grandes federaciones estatales, que participarán en el 42º Congreso Confederal convocado para los días 9,10, 11 y 12 de marzo de 2016. Congreso en el que estarán representados más de 900.000 afiliados y afiliadas.

Salvando las distancias, UGT trabaja en una gran reforma estructural, en un contexto social de libertad relativa, cuestionada, marcado por la crisis económica que venimos sufriendo desde 2008. Quizás, lo común con la situación de hace 87 años es lo complejo y convulso de la situación social y económica, pues sería en 1929 cuando se desató la macro crisis económica conocida por “La gran depresión”.

Ya en nuestro 41º Congreso Confederal, celebrado en abril de 2013, se tomó la decisión de reestructurar sectorialmente la Organización y abrir la puerta a la constitución de nuevas federaciones estatales, pasando de las 6 actuales a lo que todo apunta serán 3 grandes federaciones.   Tiene toda la lógica que, en el mundo de las multinacionales, los grupos de empresa y la mayor concentración del capital jamás vivida, la UGT se concentre en tres grandes federaciones para abordar con solvencia los complejos retos de hoy y los que aún nos deparará el presente siglo XXI.

Es preciso combinar un sindicato fuerte con un sindicato especializado, sin perder la experiencia acumulada que nos dan los 127 años de historia de la UGT. Ello será posible restando estructuras burocráticas, en paralelo al fomento de sectores fuertes. Estructuras dinámicas, ágiles en la toma de decisiones, que nos representen ante las instituciones del Estado y los interlocutores patronales, junto a sindicatos sectoriales agrupados en esas tres federaciones, cercanos al trabajador/a en el centro de trabajo, dando servicio a través de las secciones sindicales y de la red de delegados y delegadas de la UGT.

Adaptarse al futuro no es amoldarse a las formas que tome el adversario de clase. Adaptarse al futuro es adoptar estructuras fuertes y modernas que hagan viable la obtención de los objetivos marcados por los congresos en el Programa de Acción, que no es otro que la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los asalariados y asalariadas.

La adaptación estructural a los nuevos tiempos no puede quedarse únicamente en la vertiente sectorial de la Organización, las federaciones. En este período que se abre, y que finalizará en el ámbito estatal al menos en mayo de 2016, también hay que redefinir el papel de la uniones de comunidad, las conocidas casas del pueblo de la UGT.

En los últimos 38 años, desde que el 28 de abril de 1977 se legalizasen los sindicatos, las casas del pueblo han ido ocupando un papel acorde con la demanda de la sociedad, en políticas transversales como: las políticas de juventud, mujer, inmigración, formación, entre otras; políticas propias de estas casi cuatro décadas pasadas.

Esos mismos colectivos hoy precisan de otro enfoque. Sus problemáticas han ido cambiando; hemos conseguido que la mujer se integre en el mundo laboral, si bien aún queda trabajo por hacer en el objetivo de “discriminación cero por razón de sexo”. Qué decir del ingente trabajo en el combate contra la lacra de la violencia de género. De la misma manera, las demandas en relación con la juventud, educativas del pasado “el hijo del obrero a la universidad”, hoy salen cada año licenciados/as de la universidad, pero la sociedad no les oferta un trabajo acorde con su alta preparación y se ven empujados a emigrar.

Hay que redefinir el papel de nuestras uniones de comunidad autónoma y comarcales. Es fundamental el papel de la UGT ante las instituciones autonómicas y municipales, para abordar los problemas en materia de vivienda, cambios en el perfil del drama de la migración (emigrantes, inmigrantes y asilados), los movimientos sociales de carácter sectorial, etc. Asuntos todos ellos que no pueden ser resueltos en la negociación colectiva.

Por último, la tercera vertiente sobre la que están previstos importantes cambios es el relevo en la Dirección del Sindicato. Nuestro actual Secretario General de la Confederación, Cándido Méndez, ha anunciado que no se presentará a la reelección en el 42º Congreso de marzo-16.

El cambio en el nivel más alto de responsabilidad de la UGT siempre abre un nuevo periodo que afecta a todas las estructuras: federaciones estatales, uniones de comunidad y demás organismos. Es la renovación natural tras 22 años de liderazgo, que forman parte de toda una vida dedicada a la defensa de los intereses de los trabajadores y trabajadoras.

Desde estas líneas, y en nombre de la Federación de Servicios de la UGT en Madrid (FeS-UGT-Madrid) quiero enviar un fraternal y afectuoso saludo al compañero Cándido. Un saludo de agradecimiento por el tiempo y el esfuerzo dedicados a la UGT. Con un especial cariño, pues su mandato (1994-2016) es/será paralelo a la existencia misma de esta Federación, que nació de la fusión entre FEBASO y CEOV en 1995, y finalizará con una nueva transformación en 2016.

(1) Historia de la UGT 1914-1930, de Amaro del Rosal.

(2) Para quien tenga interés en conocer los 40 organismos en los que se estructuró la UGT en 1928, ponemos el listado a disposición solicitándolo a rtornamira@fesmadrid.org

El problema no afecta solo a las calles, también afecta a los parques, jardines y zonas verdes, esenciales en una gran ciudad como Madrid. El anterior equipo de gobierno ha condenado a los madrileños y madrileñas a vivir permanentemente en otoño al ahorrarse recoger las hojas de los árboles que caen cada año por naturaleza. Pero qué podíamos esperar de una gestión municipal que ha desatendido la poda de ramas, poniendo en riesgo a los transeúntes, habiendo tenido que lamentar accidentes incluso mortales, por ejemplo en El Retiro.

El mantenimiento y limpieza de parques y jardines es fundamental en una gran urbe; es donde juegan nuestros hijos e hijas, donde nuestros padres y madres pueden pasear, donde buscamos en general un poco de salud haciendo algo de ejercicio. Son lugares que contribuyen a combatir la contaminación crónica que sufre Madrid.

El origen de este grave problema está en la política económica del Gobierno municipal en encabezado por la señora Botella (PP), quien a pesar de haber subido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y las tasas de basura hasta lo insoportable para las familias asalariadas, ha recortado un 23,7% el gasto en limpieza en general.

Lo facilón, lo simple de esta política municipal es cargar “la factura” a los trabajadores, quienes, en el caso de los jardineros y los barrenderos, tuvieron que llevar a cabo una huelga en otoño de 2013 que duró 13 días (perdieron13 días de jornal) para defender que no se destruyesen más de 1.300 puestos de trabajo. UGT, CCOO, CGT y otros sindicatos alcanzamos un acuerdo que preservaba los puestos de trabajo, si bien se aplicaba un ERTE que está restando de los servicios de limpieza y jardinería miles de horas de trabajo, pues resta 45 días de trabajo y de salario al año a cada trabajador y trabajadora de estos servicios.

Ahora parece que la polémica es la remunicipalización o no de dichos servicios. A mi entender, la polémica es lo sucio que está Madrid, y desde el punto de vista laboral, la evidente necesidad del mantenimiento de los puestos de trabajo y la restitución de las jornadas completas de esos puestos de trabajo, es decir, la anulación del ERTE que está en vigor desde 2013.

Como responsable sindical del sector de mantenimiento y limpieza de parques y jardines de la FeS-UGT-Madrid, entiendo que la remunicipalización de un servicio puede entrañar un proceso complejo, pues quizás el Ayuntamiento se viera en la obligación de sacar los puestos de trabajo a concurso público, si hablamos de municipalización pura y dura, entre otros requisitos. También habría que sopesar los pros y los contras de las condiciones salariales y no salariales para los trabajadores y trabajadoras del sector, hoy bajo el paraguas del Convenio Colectivo Sectorial de Jardinería. En todo caso, este momento no se trata de la búsqueda de incrementos salariales o de las condiciones de trabajo; el objetivo es dar estabilidad a los puestos de trabajo y recuperar las jornadas que se pierden con el ERTE, con el objetivo último de que el Ayuntamiento preste un servicio de limpieza acorde con lo que es Madrid y con los impuestos que pagamos los madrileños y madrileñas.

Desde el PP, los responsables de todo este desaguisado, se escandalizan por el hecho de que el Ayuntamiento de Madrid pueda recuperar el control de los servicios de limpieza, ¿será otro ejemplo de la doble moral a la que nos tienen acostumbrados? pues en Alcobendas, por ejemplo, gobierna el PP desde hace varias legislaturas y el servicio de mantenimiento y limpiezas de parques y jardines, entre otros, se presta a través de la empresa Seromal, S.A., propiedad 100% del Ayuntamiento.

La convocatoria estuvo motivada por la ofensiva que muchos gobiernos y confederaciones patronales están llevando a cabo contra este derecho, tanto en el seno de la OIT mediante la pretensión de devaluar el Convenio 87, como en el ámbito de sus respectivos países, como es el caso del Gobierno español, quién en una utilización ideológicamente perversa de la fiscalía,  ha encausado a casi 300 trabajadores, para los que pide penas de cárcel, por ejercer su derecho a huelga en una defensa legítima de sus condiciones de vida y trabajo y las de sus compañeros de empresa o sector. Es una clara pretensión de amedrantar y disuadir a los trabajadores, criminalizando este derecho. UGT está volcada en la defensa de estos compañeros y compañeras. Está situación de persecución por ejercer el derecho de huelga, está siendo seguida a nivel internacional, como muy bien conocen los embajadores españoles.

La libertad sindical está protegida por el Convenio 87 de la OIT, sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, aprobado el 17 de junio de 1948 en San Francisco.

En relación al derecho de huelga, en España, no hemos tenido una ley hasta 1977, con el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo. RD-Ley en el que se puede consultar todo lo relativo a la huelga y su desarrollo legal; incluyendo el derecho de los trabajadores en huelga a realizar publicidad de los motivos de la huelga (conocidos como piquetes de huelga).

Tanto el derecho a la libre sindicación como el derecho a huelga quedaron reflejados en el artículo 28 de la Constitución de 1978. Derecho que se desarrollará, en lo que a libertad sindical respecta, en la Ley Orgánica de Libertad Sindical 11/1985 de 2 de agosto.

Los medios de comunicación de masas, cada día menos informativos y más panfletarios, trasladan la sensación de que la huelga tiene poco o nulo seguimiento en España. Pero la realidad es bien distinta.

Por desgracia para los trabajadores, raro es el mes que en FeS-UGT-Madrid no tenemos que presentar alguna papeleta de huelga. Todos tenemos en el recuerdo, por la repercusión mediática que tuvo, la huelga de 13 días de duración, en otoño de 2013, llevada a cabo por los compañeros de jardinería y por los de limpieza viaria de Madrid. Este diciembre pasado, han sido los trabajadores de los jardines de Madrid Río, quienes han estado 25 días de huelga en lucha contra el ERE presentado por su empresa, para rechazar 127 despidos.

No podemos olvidar las jornadas de huelga de los trabajadores de Telemadrid, contra los 861 despidos. Ni las tres últimas huelgas generales contra los ataques a los derechos, llevados a cabo por los gobiernos de turno, en; 29 de septiembre de 2010, 29 de marzo de 2012 y el 14 de noviembre de 2012.

Pero son muchas más las huelgas que se han llevado a cabo bajo la responsabilidad sindical de esta Federación aunque no han tenido tanta resonancia mediática: en entidades financieras como Bankia, en fábricas de artes gráficas como Tompla, en el servicio de limpieza de la mayoría de los hospitales públicos de Madrid como el Ramón y Cajal o el Doce de Octubre, en empresas de telemarketing como Attento, y en tantas y tantas otras empresas y/o sectores.

Prueba de ello son los datos que reflejo a continuación, extraídos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social (Boletín de Estadísticas Laborales) sobre jornadas no trabajadas por huelga desde que oficialmente comenzó esta crisis:

2008 1.508.719 jornadas

2009 1.290.852      “

2010    671.498      “

2011    485.054      “

2012 1.290.114      “

2013 1.098.300      “

Datos que están incompletos, pues no están incluidas las jornadas de huelga correspondientes a la huelga general del 14 de noviembre de 2012, ni los de las huelgas de enseñanza de mayo y octubre de 2013. De 2014, el Ministerio no da datos.

A estas consideraciones y datos, hay que añadir que en los hechos no todos los trabajadores son libres para hacer huelga. Por un lado, están los afectados por los servicios mínimos abusivos que son fijados arbitrariamente por las empresas. En este sentido hay que decir que son muchas las sentencias que desde UGT y desde otros sindicatos se han ganado por vulneración del derecho de huelga y por establecer servicios mínimo abusivos. El problema, como casi siempre, es la lentitud de la justicia, pues las sentencias condenatorias siempre llegan mucho después de finalizado el conflicto.

Por otra parte, hay que tener en cuenta las amenazas, unas veces sutiles y otras no tanto, que reciben los millones de trabajadores con contratos temporales, eventuales, etc.

Por tanto, es falso que en nuestros país tenga poco seguimiento la huelga. El problema es que son muchas las trabas y riesgos que el trabajador recibe para ejercer libremente su derecho a la huelga. Es triste decirlo, pero vivimos en un país con grandes y graves déficit democráticos.

Hoy como ayer, a los trabajadores no nos queda otro remedio que emplear los derechos que tenemos a nuestro alcance para defender nuestra forma de vida, recordando que los derechos, las libertades y la democracia, como mejor se defienden es haciendo uso de ellos

Son ataques que fomenta y aplica la derecha mediática, política y económica. Con el único fin de debilitar a las organizaciones de los trabajadores; bien sea magnificando actos administrativos en las portadas de los diarios al servicio del capital, bien sea persiguiendo judicialmente a los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga, bien asaltando sedes sindicales, bien desde el poder legislativo atacando al sistema de Negociación Colectiva. A todo ello, hay que sumar los mensajes de la reacción populista contra todas las organizaciones de la clase trabajadora, y que todo indica va a formar parte del programa electoral de más de uno.

El 23 de enero de 2014, participé en Sevilla en un acto “En Defensa de los Sindicatos” y en el manifiesto que se aprobó decíamos:

“Todos estos ataques, que se suman a los recortes de derechos y servicios sociales anteriores y a las reformas laborales que atacan gravemente al derecho a la negociación colectiva, base de los sindicatos, se producen mientras que una brutal campaña ataca a los sindicatos de clase. Una campaña animada desde el gobierno Rajoy y los medios de prensa más reaccionarios, y que combina los recortes de recursos económicos y humanos de las organizaciones, con una ofensiva policial y judicial que trata de presentar a los sindicatos de clase como organizaciones delictivas. Campaña que llegaba a su culmen (por el momento), el 19 de diciembre, con la ocupación por parte de 60 efectivos de la Guardia Civil, a las órdenes de la juez Alaya, de la sede de UGT de Andalucía, y el precintado judicial del archivo de UGT Andalucía.”

Doce meses después, me ratifico en todos los términos manifestados por los reunidos en aquel encuentro de sindicalistas.

Vivimos en un sistema basado en la corrupción, desde Casa Real (Caso Noos y opacidad en el patrimonio acumulado desde 1975) hasta alcaldes y concejales de pequeñas poblaciones (Caso Púnica). Un sistema (capitalista) corrupto, como en otros países de nuestro entorno pero con el agravante de que aquí, la trama de especuladores ha pervivido desde el franquismo. Una corrupción necesaria para dejar hacer al capital a su antojo. Es en esa dinámica que se ha intentado por todos los medios implicar e identificar a las organizaciones de los trabajadores en esas corruptelas.

No seré yo quien justifique a los vividores y aprovechados que se hayan podido beneficiar. Pero nada tiene que ver el Caso Gurtel, el Caso Noos o el Caso Púnica, entre otros, todos ellos con la implicación del PP, con las acusaciones a la UGT por las subvenciones de la Formación. Será dentro de unos años, cuando la jueza Alaya considere que sus “macro causas” ya no dan más jugo político a la derecha, cuando veamos la realidad de toda esta polvareda. Hoy se está juzgando tanto a UGT y a CCOO por aplicar las condiciones de las convocatorias públicas con subvenciones para la formación. Si esas condiciones no eran correctas, que las hubiesen cambiado, pero no se puede juzgar a una organización por hacer lo que dice un contrato público. Máxime cuando la actividad formativa era y es auditada y certificada por la Administración que concedió las subvenciones.

De igual modo que se les pretende juzgar por haber facturado por su intervención en EREs ¿acaso los grandes gabinetes jurídicos contratados por los empresarios, lo hacen gratis? Por lo que yo sé, se factura a las empresas por los honorarios de los abogados y asesores sindicales, en función de los trabajadores no afiliados; ¿quién tiene que pagar esos honorarios, sólo los afiliados y afiliadas?.

En resumen, se trata (por parte de la prensa lacaya) de poner en el mismo nivel lo que puede y debe ser discutido (la financiación de los Sindicatos cuando intervienen en acciones que afectan no solo a sus afiliados, sino al conjunto de los trabajadores), y el robo a manos llenas de dinero público.

El objetivo de todo este espectáculo mediático, no es otro que atacar el prestigio de los dos grandes Sindicatos de Clase con dos fines complementarios: como cobertura de una acción legal y judicial para debilitarlos, y como elemento de presión para mantener un Dialogo Social que correspondía a otra etapa, en la que se conseguían avances y derechos, una etapa en la que había un mínimo de respeto institucional. El Gobierno del PP lleva desde enero de 2012 comunicando sus decretazos en materia laboral por teléfono y ni eso; el Diálogo Social hoy solo sirve para dar oxígeno al Gobierno, un Gobierno débil que no soportaría una movilización sostenida y organizada en defensa de los derechos y rechazando los recortes de derechos y libertades que se están cometiendo contra los trabajadores asalariados, los trabajadores desempleados, los pensionistas, los estudiantes.

En esa manía persecutoria del PP por perseguir la libertades, se ataca a los liberados sindicales, buscando minorar la capacidad de acción de los Sindicatos. Comenzó haciéndolo Esperanza Aguirre en Madrid, utilizando el poder que le daba ser Presidenta de la Comunidad Autónoma. Todo porque la punta de lanza de la resistencia contra la privatización sanitaria y contra el deterioro de la educación pública, la configuran los delegados y delegadas de UGT y CCOO en el ámbito sanitario. Y también se ataca este derecho desde la Dirección de Podemos quien, en su actitud reaccionaria, termina apoyando a la derecha, cuando generaliza y tacha a estas organizaciones de “organizaciones de la casta”.

Cuando se ataca a los liberados sindicales, se está atacando a la acción solidaria que tanto UGT como CCOO realizan en este país. Un país en el que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas. En miles de ellas, los trabajadores, no tienen derecho a tener sus propios representantes, al no superar los 6 trabajadores en plantilla. ¿Quién se puede dedicarse a fijar derechos en la negociación colectiva sectorial si no son los liberados sindicales de las grandes empresas y de la Administración? Los que atacan este derecho, olvidan la acción de los sindicatos de clase en materias transversales, como es el trabajo sindical en materia de Pensiones, Inmigración, derechos de la mujer trabajadora, juventud, entre otras muchas materias.

Los sindicatos corporativos no quieren saber nada que no tenga relación con su empresa o, como el caso del SEPLA, con su colectivo profesional. Atacan el derecho a sumar horas sindicales para tener compañeros con dedicación plena, para tareas solidarias con otros sectores más débiles y/o materias específicas de interés para toda la clase trabajadora.

Por tanto, el prestigio es atacado a través de macro causas judiciales instrumentadas por la Guardia Civil, en instrucciones judiciales interminables que son magnificadas por medios de comunicación nada sospechosos de solidarios o de ser de izquierdas.

Económicamente se nos ataca retirando de súbito las subvenciones que estaban establecidas por ley y por disposiciones normativas, sin debate social alguno, pero no se cuestiona las multimillonarias subvenciones a la Iglesia, cuya acción carece de interés para los trabajadores. De nuevo aparece la actitud chantajista del Gobierno y la pretensión de reducir a la mínima expresión a las organizaciones sindicales con carácter de clase.

El centro de toda esta operación combinada entre los poderes del estado y la prensa contra los sindicatos, se concreta en el ataque a dos derechos que definen la libertad sindical y el lugar que ocupan los Sindicatos de Clase: la negociación colectiva y el derecho de huelga.

El Gobierno del PP lanzó, en marzo de 2012, un ataque histórico contra el Derecho Laboral, y en particular contra el sistema de Negociación Colectiva, al hacer prevalecer el convenio de empresa sobre el convenio de sector. Todo encaja; se fomenta el corporativismo al atacar a los liberados y se lleva la negociación al ámbito de la empresa, haciendo el caldo gordo a los empresarios más reaccionarios que fomentan sindicatos “independientes”, con los que rebajar las condiciones sociales y salariales.

Pero no quedan ahí los ataques a la libertad sindical. El Gobierno del PP, con sus ministerios de Interior y de Justicia, y con una fiscalía al servicio de los intereses del Gobierno más desprestigiado de la democracia, persigue el derecho a la Huelga cuando encausa a casi 300 trabajadores por defender sus derechos sociales y laborales ejerciendo su derecho a la Huelga.

Por eso y con razón, desde UGT exigimos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Y hemos considerado las enmiendas presentadas por el PP en el trámite parlamentario como enrevesadas y que solo persiguían mantener y acentuar la criminalización de los piquetes informativos. Derecho reconocido en el Artº 28.2 de la Constitución y en el Real Decreto Ley 17/1977.

Es una vergüenza el acoso que se está haciendo de trabajadores honrados, madres y padres de familia, a quienes se les está pidiendo hasta cinco años de prisión, como es el caso de ArcelorMittal, o los 8 de Airbus.

Es en este escenario general de persecución sindical, y de acoso concreto a los trabajadores que están imputados, que se me hace muy difícil entender que Pedro Sánchez haya dado un balón de oxígeno al Gobierno del PP, apoyando aunque sea parcialmente la reforma del Código Penal.

Esta es la forma que toma la persecución sindical y en concreto la criminalización del derecho de Huelga. Pero no es solo en España donde se persigue y se intenta acorralar; a primeros de enero el primer ministro de Reino Unido, el Sr. David Cameron y miembros de su Gobierno instaban a poner trabas legales al derecho de huelga en la legislación de su país.

No es solo España o el Reino Unido, son los empresarios secundados por sus administraciones quienes en el seno de la OIT están instando a limitar este derecho fundamental para equilibrar la capacidad de defensa de los intereses entre trabajadores y empresarios.

Por ello, celebramos y nos sumamos con entusiasmo a las movilizaciones que a nivel mundial ha convocado la Confederal Sindical Internacional y que en España ha sido la UGT y CCOO quienes llamamos a Manifestarnos el próximo día 18 de febrero: en Madrid, a las 18.00 desde Cibeles a Sol.

• Desde el punto de vista de las empresas, al mejorar las capacidades de los trabajadores activos, se incrementan y mejoran también los posibles aportes que dichos trabajadores están en condiciones de hacer a las organizaciones productivas y de servicios en que están insertos, tanto en lo que refiere a la productividad como a la competitividad de tales organizaciones. Esto debería contribuir a que las empresas, al mejorar su desempeño interno y en el mercado, retengan y eventualmente generen empleo.
• Desde el punto de vista de los trabajadores, éstos obtendrían beneficios en términos de su empleabilidad. Ya sea para enfrentar situaciones de reconversión tecnológica, ya para cambiar de funciones dentro de la misma empresa, ya para moverse eficazmente en el mercado de trabajo consiguiendo otros empleos, ya para enfrentar –en última instancia- una eventual situación de desempleo en mejores condiciones.

En nuestro país, no siempre se ha dado formación al conjunto de los trabajadores en las empresas; pues hasta 1992, momento en el que nace la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (Forcem 1992-2004), la Formación de los trabajadores siempre fue vista por el empresariado como un desembolso económico que no estaban dispuestos a efectuar, en lugar de enfocarlo como una inversión que aportase valor a sus plantillas. En todo caso, la formación estaba restringida a los directivos de las empresas.

Además, es un derecho que los trabajadores contribuimos a financiar, con el 0,10% que en concepto de Formación Profesional se nos descuenta de nuestras nóminas cada mes. Cantidad que se suma al 0,60% que aportan los empresarios. Y es básicamente con ese O,7%, con lo que se financia la Formación de los trabajadores y trabajadoras en activo y en desempleo.

En FeS-UGT-Madrid, estamos convencidos de que España no hubiese dado el paso tecnológico de la informatización y la ofimática aplicadas al proceso productivo, entre otras muchas acciones formativas, de no haber sido por la canalización de los mencionados recursos a través de la Forcem y su sucesora desde 2004, la Fundación Tripartita. Dicho de otro modo, si del empresariado hubiese dependido nuestro país continuaríamos con la “máquina de escribir”.

Otros sectores, como por ejemplo la seguridad privada, se han beneficiado del modelo de Formación continua, al haber podido profesionalizar el sector en base a la Formación.

Este modelo está siendo cuestionado y atacado. ¿Con qué objetivo?: probablemente y como tantas otras cosas públicas, con la finalidad de privatizarlo completamente, en esta “ola obsesiva” en la que desde los gobiernos se están trasvasando rentas del trabajo y dinero público a las rentas del capital.

Afirmo que se está generalizando lo que es anecdótico. Con esta afirmación no tengo ninguna intención de justificar a quienes hayan cometido actos indebidos, y mucho menos delictivos, si la justicia así lo determina. “Quien la haya hecho, que la pague”.

Pero no se puede desmontar un modelo de formación, que ha sido muy eficaz, por el hecho de unos casos, presuntamente, de corrupción; como por ejemplo el “caso Aneri”, aquí en Madrid, en el que presuntamente, miembros de la patronal CEIM el Sr. Aneri y otros, se han apropiado de más de 15 millones de euros.

En 2005, se transfirieron competencias en materia de Formación Continua a las comunidades autónomas.

Nuestra Federación (FeS-UGT-Madrid), venimos gestionando formación para los trabajadores desde hace muchos años. Por retrotraernos solamente a 2006, primer año en el que se comenzó a ejecutar formación a través de programas con la Comunidad de Madrid, el número de trabajadores y trabajadoras que se han formado a través nuestra es el siguiente:

En el año 2006, se formaron 990 trabajadores y trabajadoras; en 2007, se formaron 1189; en 2008, se formaron 686; en 2009, se formaron 1059; en 2010 se formaron 868; en 2011, se formaron 1872; y en 2012, se formaron 241.

Entre 2006 y 2011, se ha venido formando una media de 1.111 trabajadores y trabajadoras en cursos relacionados con su trabajo y profesión. Como se puede observar por los datos, en 2012 en número de alumnos ha caído a un 20% aproximadamente sobre dicha media aritmética. Esa caída es debida al recorte en el dinero destinado a Formación que ha efectuado la Comunidad de Madrid, dinero que como se decía anteriormente proviene de las aportaciones de los trabajadores y los empresarios y no de los impuestos.

En este año 2014 no ha habido Formación gestionada por FeS-UGT-Madrid. Y no la ha habido, porque en el proceso de deterioro y ataque al derecho de los trabajadores en activo a formarse, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha decidido incumplir el contrato que suscribió con esta Federación, al no abonar el primer plazo (50%) de la subvención concedida. Abono que debiera haberse producido en marzo de 2014, tal como establece el contrato-programa firmado y la normativa que regula la financiación de los programas de Formación.

Desde FeS-UGT-Madrid, a lo largo de todo el primer semestre de este año 2014, hemos requerido al Gobierno de Ignacio González a que cumpliese con lo firmado en documento público, sin haber recibido contestación alguna.

Para esta Federación, la Formación es un derecho y no un negocio. La Formación, nunca ha sido una vía de financiación para esta Federación.

Por ello, sin ningún tipo de problema económico, hemos desistido del contrato-programa que teníamos con la Comunidad de Madrid. Pues la única opción que nos quedaba era la de financiar la Formación, para todos los trabajadores, con las cuotas de los afiliados. Es decir, financiar a la Comunidad de Madrid por el incumplimiento de sus responsabilidades.

Solo nos cabe lamentar que cientos de trabajadores y trabajadoras de nuestros sectores de actividad no puedan formarse, como venían haciéndolo en años anteriores. Lo sentimos por la Formación, por el Derecho a la Formación. Derecho al que no vamos a renunciar, pues es un Derecho de los trabajadores.