FeSMC-UGT ha reivindicado avances salariales, la reducción de las miles de jornadas parciales no deseadas que existen, el aumento del número de indefinidos desde el inicio de la negociación, entre otros asuntos, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de los 70.000 trabajadores y trabajadoras que componen el sector de Contact Center. Pero ante la contrarreforma de la patronal, que quiere eliminar derechos ya adquiridos en anteriores convenios colectivos, nos vemos obligados a convocar estos paros.

Desde FESMC-UGT nos sorprendió que -tras la huelga que realizamos junto a CCOO, CGT y USO- los representantes de los empresarios volvieran a plantear la reducción de  derechos alcanzados, como el permiso retribuido, de 35 horas anuales, para acudir al médico. A esta situación se añade la  decisión patronal de no pagar a un número aproximado de 25.000 trabajadores la deuda que el Tribunal Supremo indica que tienen las empresas de Contact Center al no haber abonado correctamente los incentivos.

El calendario de movilizaciones es el siguiente:

• Día 18 de noviembre: Concentraciones de delegados y delegadas en las principales ciudades de España, junto con la entrega de un documento donde se pondrá de manifiesto que los juzgados y servicios de mediación, que pagamos todos los contribuyentes, van a ser colapsados por la interposición de estas demandas.
• Día 28 de noviembre: Huelga de 24 horas.
• Los días 5, 6, 7, 8, 9,10 y 11 de diciembre: Huelga de 24 horas.

Cuando escuchamos “Derechos Humanos” pensamos en su definición, son derechos inherentes a los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.

Pensando en lo que este enunciado significa, aplaudimos a la dirección del Ayuntamiento de Madrid y pensamos que por fin alguien pretende abordar de forma seria, y en la medida de sus posibilidades y competencias,  el problema de la discriminación por sexo, por raza o por nacionalidad a la hora de acceder a un empleo.

Pensamos que de una vez por todas se abordará el problema de tantas personas que viven en la indigencia en las calles de Madrid. Pensamos que se abordará la problemática de las familias que con o sin trabajo se ven imposibilitadas a la hora de afrontar los gastos mínimos y atender con un mínimo de dignidad a los menores o a los mayores a su cargo.

Pensamos en los mayores que viven solos y en viviendas mal adaptadas para su edad y pensamos en la total y real eliminación de las barreras arquitectónicas que existen para las personas con discapacidad.

UGT NO AVALA LOS CONTENIDOS DEL PLAN CON LA REDACCIÓN ACTUAL

Al leer el borrador del Plan de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Madrid vemos que muchos de los puntos tan importantes como estos no están reflejados y tampoco otros también importantísimos,  como la revitalización y reorientación de la Agencia para el Empleo, o el refuerzo de las políticas destinadas a garantizar el derecho a la orientación laboral, donde necesariamente hay que reforzar los medios con personal que garantice la atención y los resultados, no se ha contado con los agentes sociales y no se ha pensado en la dotación económica que estos servicios tan imprescindibles precisan.

Además, es que en este borrador, se incluye la revisión unilateral de las condiciones de trabajo, el análisis de la composición de la plantilla municipal, o la distribución de puestos y salarios de los empleados y empleadas públicos de este Ayuntamiento, ignorando, que los trabajadores y trabajadoras públicos o privados tienen su foro de análisis y negociación ya establecido, y no es otro sino el acuerdo/convenio y las distintas mesas de negociación colectiva. Así como ignorando que las condiciones laborales o la reserva de plazas para personas con discapacidad, se negocian en su foro correspondiente.

También se recoge la revisión  de los procedimientos de promoción de los trabajadores y trabajadoras Municipales o las pruebas de acceso o promoción de los cuerpos de policía municipal o de bomberos obviando los foros de acuerdo y convenio para el personal funcionario y laboral.

Mesas que este Ayuntamiento no debe ni puede ignorar o suplantar con ningún “Plan” UGT se ve imposibilitada para avalar este llamado “Plan de Derechos Humanos” donde no ha participado y donde no vemos reflejadas las necesidades reales de la población de Madrid más desfavorecida.

​UGT ha definido tres ejes básicos para consolidar y garantizar el sistema de la Seguridad Social que presentará ante la Comisión del Pacto de Toledo: garantizar el poder adquisitivo de las pensiones para que en una década no nos encontremos con un sistema de pensiones mínimas; revisar de forma inmediata las fuentes de financiación y financiar el sistema no solo con cotizaciones sino también con impuestos, sin excluir a ninguna pensión del sistema y con un modelo de financiación para todas; y erradicar el déficit de la Seguridad Social, a través de las tres propuestas del sindicato que ahorrarían casi 15.500 millones a la Seguridad Social. El sindicato exigirá, además, un cambio de orientación en las políticas que emanen del Pacto de Toledo de forma que aborden aspectos que aún no han sido tratados y que establezcan como objetivo fortalecer el sistema y no debilitarlo.

La Unión General de Trabajadores defenderá en la Comisión del Pacto de Toledo tres ejes fundamentales sobre los que, a su juicio, deben pivotar los debates para garantizar el sistema público de pensiones.

1.- Asegurar el poder adquisitivo de las pensiones.

Para la revalorización anual de las pensiones, es necesario aplicar la previsión de inflación más una cláusula de revisión a final de año. Esto se puede conseguir tras la aprobación de la Proposición de Ley, que registrada por la mayoría parlamentaria en el Congreso el pasado día 13 de octubre a instancias de los sindicatos, surtiría efecto en enero de 2017, revalorizando las pensiones sin pérdida de poder adquisitivo.

Además es necesario que se derogue la fórmula que se está aplicando actualmente para la revalorización de las pensiones, impuesta por el Gobierno del PP, y que ha servido para rebajar paulatinamente la cuantía de las pensiones y, por tanto, el nivel de vida de los pensionistas. En poco más de diez años, el sistema de pensiones, con la fórmula actual, se convertirá en un sistema de pensiones mínimas.

2.- Revisión inmediata de las fuentes de financiación.

El objetivo es restituir el equilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social destruido por las políticas que se han adoptado durante la crisis. Para UGT es necesario que el sistema de pensiones, sin excluir a ninguna pensión, se financie no solo con cotizaciones sino con impuestos. Esto supondría:

Definir una exacción fiscal (procedimiento por el que el Estado obtiene los impuestos necesarios para sufragar gastos públicos). Es decir, una cesta de impuestos cuya recaudación se destinaría en su integridad a financiar el sistema de pensiones. Tendría un carácter finalista: totalmente o con mayoría de impuestos directos (progresiva y redistributiva) y calculada de forma que siempre sea mayor que la diferencia entre ingresos y gastos. Esto permitiría dotar de nuevo el Fondo de Reserva.

3.- Erradicar el déficit de la Seguridad Social

Acabar con las bonificaciones a la contratación de las empresas, financiar los gastos de la Seguridad Social desde los PGE (como el resto de los ministerios y organismos públicos) y no desde el propio sistema, y destopar las bases de cotización. Tres medidas que, para UGT, ahorrarían 15.500 millones de euros a la Seguridad Social y podrían acabar con el déficit, que el Gobierno del PP ha ido aumentando durante estos años con sus políticas. En estos momentos habría superávit y no se tendría que haber tocado el Fondo de Reserva.

Además de estos tres ejes, UGT propondrá en el Parlamento un cambio de orientación en las políticas que emanen de la Comisión del Pacto de Toledo para que las medidas, que deberían ser ampliamente consensuadas, aborden muchos otros aspectos de mejora del sistema, que nunca han sido tratados y que sirvan para sostener, y no debilitar el sistema público de reparto, tal y como marca la finalidad con la que nació el Pacto de Toledo recogiendo lo dispuesto en esta materia, en nuestra Constitución.

La Federación de Servicios de UGT en Madrid y la de CCOO de Construcción y Servicios de Madrid, mayoritarias en el Sector, han elaborado un calendario de concentraciones para el próximo día 3 de Noviembre, de 12:00h a 12:30h frente al Hospital Clínico San Carlos, c/ Profesor Martín Lagos y para el día 10 de Noviembre, de 10:00h a 10:30h frente a La Casa de la Moneda, c/ Jorge Juan, 106.

El motivo de estas concentraciones es denunciar la política de las empresas de Limpieza que están generando una obstrucción a la negociación del Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid, y mostrar el rechazo a las propuestas de las patronales ASPEL y AELMA.

El Convenio de Limpieza de Edificios y Locales de la CAM regula la relación laboral de cerca de 60.000 trabajadores y trabajadoras-

El calendario será el siguiente:

- 18 de Noviembre. Concentraciones de delegados. En algunas ciudades se realizarán actos de entrega unificados de las miles de demandas de cantidad que estamos preparando por la desfachatez patronal de no querer pagar los incentivos en vacaciones pese a que hay una Sentencia del Tribunal Supremo que ratifica nuestro derecho.

- 28 de Noviembre. HUELGA DE 24 HORAS.
- Semana del 5 al 11 de Diciembre. HUELGA DE 24 HORAS LOS SIETE DÍAS DE LA SEMANA.

Desde UGT creemos que es hora de dar un golpe sobre la mesa, para que entiendan que ES IMPOSIBLE QUE UGT FIRME UN CONVENIO CON RECORTES.

Una vez que la patronal haya entendido eso, deseamos sentarnos con la Patronal para que atiendan las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras del Sector: subida salarial, conciliación de horarios, salud laboral, estabilidad en el empleo, etc…

Ante la medida anunciada por la empresa y a tenor de todas las noticias vertidas en los distintos medios de comunicación y, tras haberlas contrastado con la dirección de la empresa, la Sección Sindical de FeSMC-UGT en Segur Ibérica informa de las siguientes cuestiones:

La intención de la empresa es la de seguir operando en el sector de la seguridad privada y en el mercado estatal, es decir, su intención no es cerrar, pero si tomar las medidas correspondientes para hacer viable al Grupo, como en este caso es un ERE, que afectará a todos los centros de trabajo, que no a la totalidad de la plantilla.

Al parecer hay una compra por parte de un grupo empresarial extranjero, muy fuerte dentro del mercado de la seguridad privada, a la vez que un posible inversor; todo ello con los condicionantes que por parte de este nuevo dueño/inversor pone sobre la mesa, que se podrían resumir todos ellos en “sanear la empresa” antes de la formalización de dicha operación.

A su vez, es intención de la empresa dejar todos los servicios que no considere rentables, a la mayor brevedad posible. Recordamos que el Convenio Colectivo garantiza el derecho a la subrogación y la reserva de un año en caso de finalización del servicio.

A los clientes de los servicios que se vieran afectados, salvo que reconsideren estos los precios, se les notificará el “abandono” del servicio en cuanto otra empresa se haga cargo del mismo.

En referencia a los posibles despidos, a fecha de hoy nadie puede asegurar cuántos serán, y menos aún si serán tantos de estructura o tantos de operativa, ya que esa y otras cuestiones serán las que en el período de consultas la empresa deberá presentar a la parte social, tal y como dispone la Ley en estos procedimientos.

Lo que si podemos asegurar, desde esta Sección Sindical de UGT, es que trabajaremos en la búsqueda de cualquier otro elemento de viabilidad que permita el mantenimiento de la plantilla.

En referencia a la falta de abono de la nómina, a fecha de hoy la empresa nos informa que ha realizado el abono de la misma a la totalidad de la plantilla.

Desde UGT se insto a que se interpusieran las denuncias correspondientes ante la Inspección de Trabajo, y a fecha de hoy son varias las ya presentadas, y en los siguientes días se seguirá con dicha actuación, no podemos consentir este atropello, con el pan no se juega.

A su vez se exigimos explicaciones a la empresa de dicha actuación, que a fecha de hoy, sinceramente no nos convencen.

Hacemos un llamamiento a todos aquellos trabajadores que a fecha de hoy sigan en tal situación, estamos a vuestra entera disposición para actuar como corresponde, no podemos consentirlo.

Estas preocupantes cifras suponen un retroceso a niveles de empleo de los años 80, cuando no existía ni la telefonía móvil ni Internet y la telefonía fija no era un derecho universal de la ciudadanía.

Los datos fijan el comienzo de esta paulatina destrucción de empleo en 1998, año de la liberación del mercado de las telecomunicaciones en Europa, que acumula una pérdida de 37.200 puestos de trabajo. La gran recesión ha acentuado este declive, con 26.000 empleos destruidos desde 2007.

Las razones que se encuentran detrás de esta inasumible situación son el abandono de las instituciones reguladoras, legislativas y políticas que aplican normas de espaldas al mercado de trabajo y siempre bajo tesis y planteamientos ultraliberales que sólo redundan en despidos masivos y destrucción de empleo.

Dichas políticas reguladoras, basadas en el fomento de la guerra de precios, renunciando a la inversión y, por ende, al empleo, han creado un compendio de operadores parásitos que ni invierten en nuevas redes ni crean empleo.

UGT denuncia la incoherencia de mercado de trabajo en nuestro país: mientras muchas empresas dicen no encontrar expertos en nuevas tecnologías, el empleo tecnológico de las telecomunicaciones se pierde a manos llenas. Los puestos de trabajo que se están destruyendo representan empleo de calidad, con derechos laborales, económicos y sociales,  y con una altísima formación y experiencia en tecnologías punteras, imprescindibles y fundamentales para construir una economía moderna e innovadora. La Economía Digital del futuro y la Sociedad de la Información del presente necesitan de este tipo de empleo de calidad, con derechos sociales, con elevada formación y experiencia en nuevas tecnologías.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que el nuevo Gobierno tiene “tres cuestiones fundamentales que abordar de manera urgente: la revalorización de las pensiones y la sostenibilidad de la Seguridad Social; la derogación de la reforma laboral; y la revalorización de los salarios públicos y del SMI”.

Pepe Álvarez ha realizado estas declaraciones previas a la clausura de la Jornada Confederal de Acción Sindical y Negociación Colectiva para 2017, donde ha señalado que “necesitamos de manera inmediata medidas a corto plazo para acabar con la situación que viven las arcas de la Seguridad Social. Acabar con la bonificación a la contratación, que no tiene sentido y que no genera empleo; acordar el destope de las bases de cotización para poder recaudar más; y que los gastos de gestión de la Seguridad Social vayan a cargo de la Administración General del Estado, como pasa en otros ministerios. Esto tiene que ser inminente, más allá de que se constituya la Comisión del Pacto de Toledo para hablar de cuestiones a medio y largo plazo”.

“Hay que hablar también de la derogación de la reforma laboral, de nuevos mecanismos para acabar con la precariedad y el empleo de baja calidad, y que los trabajadores puedan emplearse a jornada completa si quieren”, ha manifestado. “Hay millones de trabajadores que quieren trabajar a jornada completa y no pueden hacerlo porque les ofrecen un contrato de media jornada”. En este sentido, “la situación que viven los jóvenes es insoportable y hay que abordarla con medidas urgentes, como la restauración del contrato de relevo a los 60 años”.

Además, ha considerado que “el Gobierno tiene que empezar a situar políticas sociales, sobre todo en el ámbito de las personas que no tienen prestaciones por desempleo. Tenemos en el Congreso la Prestación de Ingresos Mínimos, que es un elemento clave, pero antes de que se apruebe sería necesario que se pusieran en marcha políticas para que las personas que no tienen nada tengan unos ingresos mínimos para poder sobrevivir”.

En relación a la política salarial, “el Gobierno debe abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). El PP tiene que cumplir la iniciativa que ellos mismos apoyaron. En 2017 el SMI se tiene que posicionar en 800 euros, con la perspectiva de que llegue al 60% del salario medio al final de la legislatura. Además, hay que convocar y acordar con las organizaciones sindicales del ámbito los salarios de la función pública, que tienen que ir en la misma dirección, en la de recuperar poder adquisitivo”.

Para Pepe Álvarez, el Gobierno “tiene que ser consciente de que 7 de cada 10 españoles han votado políticas de cambio, sobre todo en el marco económico y social. En ese sentido, nosotros vamos a ser muy fieles con los compromisos que hemos adquirido con la sociedad en las 20 Actuaciones para el Progreso y el Bienestar Social, que una mayoría del Parlamento ha respaldado y que esperamos que ese compromiso se plasme en modificaciones legislativas”.