Martes, 28 febrero, 2012 10:58
Roberto Tornamira
Ante una agresión se recomienda contar hasta diez. Eso es lo que he hecho desde el día 10 de febrero, contar días para tomar distancia, informarme, leer el Real Decreto-Ley 3/2012, escuchar a los expertos en materia laboral. He querido evitar tomar una posición producto de la visceralidad. Leída con sosiego la exposición de motivos del RD-Ley (capítulo I), ilustra sobre la actitud y el pensamiento del Gobierno del Sr. Rajoy.
Ya en el párrafo primero, se plasma la técnica del PP por la que todo lo bueno corresponde a su buen hacer, y de todo lo malo la culpa la tiene otro. En este caso, España es la culpable de ser el país que más empleo y más rápidamente lo ha destruido de entre las economías europeas. Es decir, que no son los empresarios quienes no contratan, o quienes han hecho un uso abusivo del despido, individual y colectivo. Sus representados verdaderos, la CEOE, nada tienen que ver con la utilización masiva de contratos temporales sin atender a la causalidad.
Según el Gobierno, España es la responsable de que haya un fraude fiscal superior al 20%, en un país en el que el empresariado, en los años (1995 a 2005) de crecimiento económico, obtenía el cuádruple de beneficios que los países de nuestro entorno. Somos el conjunto de los españoles, o sea España, quienes en lugar de reinvertir esos beneficios en las empresas, en tecnología, en innovación, en ese I+D+i del que nos habían convencido, nos lo hemos llevado a esos paraísos fiscales que vamos conociendo en las crónicas judiciales de la corrupción, por cierto, muy mayoritariamente ligados al PP y su financiación.
El capítulo I del RD-ley 3/2012 establece unas cifras desgarradoras: 5.273.600 desempleados, un 22,85% de los españoles y españolas en edad de trabajar; un 50% de parados entre los jóvenes menores de 25 años; manifiesta, el Gobierno, que “los reducidos sueldos iniciales y la situación económica general están provocando que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado de trabajo español”; dicen que la duración media del desempleo en España fue en 2010 de 14,8 meses, frente a los 9,6 de la OCDE, o el 7,4 del G7. Dicen todo esto y más, para acto seguido decretar una serie de medidas que lo único que conseguirán es incrementar el paro, aumentar el desempleo juvenil, precarizar las condiciones de trabajo, fomentar la fuga de trabajadores bien formados, también científicos, a otros países, etc.
Resaltan el gran problema que supone que desde diciembre-07, el número de afiliados a la seguridad social haya disminuido en 2,5 millones (un 12,5%), lo que supone un incremento de 1.304 MM € en el gasto medio mensual en prestaciones por desempleo. No es para alegrarse, pero qué es eso comparado con los 78.000 millones de euros destinados en los Presupuestos Generales del Estado a pago de intereses de la deuda.
¿Acaso preparan un nuevo ataque al sistema público de pensiones y a las prestaciones por desempleo?.
Continúa el repertorio de expresiones que delatan la mala conciencia del Gobierno, en una clara utilización malsana de la crisis, cuando hacen alusión a que: “La crisis económica ha puesto en evidencia la insostenibilidad del modelo laboral español…, continúa siendo reclamada por todas las instituciones económicas mundiales y europeas…”. Esto pone en evidencia que este Gobierno actúa sin criterio propio, al dictado de lo que le señale el FMI, el BCE y la Comisión Europea, instrumentos al servicio de los especuladores. Por tanto, seguimos sin tener un Gobierno que gobierne para los españoles, tenemos unos gestores, bien pagados, al servicio de los intereses de un reducido grupo social.
Lo que la crisis ha puesto en evidencia es la insostenibilidad del sistema de mercado, y el pacto capital-trabajo. Todos los datos y análisis aportados por los expertos en distintas disciplinas; derecho, economía, sociología, dicen con rotundidad que cuando terminemos de descender, “sine die”, la recuperación será aún más larga, y en todo caso para ir a una situación distinta, peor con seguridad, nunca igual a la conocida en bienestar social. Es, dicho de otro modo, lo que nuestro compañero Cándido Méndez viene diciendo desde hace meses: “nuestros hijos vivirán peor que sus padres”.
La explicación previa al articulado del Real Decreto-ley 3/2012 se basa en un concepto falso, como es que esta reforma pretende aportar “seguridad para trabajadores y empresarios”, “una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores”: ¿qué seguridad tenemos los trabajadores ante el panorama de futuro que se nos presenta?, ¿qué seguridad da un contrato con un año de periodo de prueba?, ¿qué seguridad da que la autoridad laboral no pueda velar porque no se produzcan abusos en los despidos colectivos?. Es evidentemente falso lo que argumenta el Gobierno. Esta es una reforma a la medida de la CEOE. Una normativa laboral que desequilibra clara y rotundamente la relación laboral a favor del empleador.
El Gobierno del PP ha olvidado, o no ha querido recordar, que el derecho laboral nació precisamente para equilibrar la relación entre empresarios y trabajadores.
Otra de las características que impregnan este capítulo I es la pretensión permanente de enfrentar a unos trabajadores con otros, así, cuando dice “El Gobierno encarna y sirve a los intereses generales y tiene la obligación de garantizar y satisfacer los intereses de todos aquellos que estén buscando un empleo”. En un “guiño” a los desempleados, hurgando en la necesidad, y el drama de quienes no tienen empleo. En este caso es el Gobierno y no España quien aporta “la solución”. Busca enfrentar a quienes tienen un puesto de trabajo con los desempleados. Si realmente quiere gobernar a favor de los desempleados, bien podría tomar medidas a favor de la estabilidad, combatir la incertidumbre. Lejos de eso, el Gobierno ofrece precariedad, temporalidad, infrasalarios para todos. Ellos lo llaman “reducción de la dualidad laboral”. Puestos a reducir dualidades, podrían esmerarse en reducir la brecha, que se ensancha más cada día, entre ricos y pobres en esa España a la que tanto dicen amar.
La manera que tiene el Gobierno del señor Rajoy de reducir la dualidad laboral, la refleja la siguiente frase: “modificaciones introducidas en el contrato para la formación y el aprendizaje para potenciar el empleo juvenil mediante la supresión de limitaciones injustificadas”.
Pretenden enfrentar a fijos/indefinidos contra temporales/eventuales: “La falta de un nivel óptimo de flexibilidad interna es,.., una de las características de nuestro mercado de trabajo, afectando ello primordialmente a trabajadores con contrato temporal y en menor medida a trabajadores indefinidos…”.
No puedo pasar sin hacer mención a la utilización torticera del término “empleabilidad”. Menciona este término de la siguiente manera: “…un conjunto coherente de medidas que pretenden fomentar la empleabilidad de los trabajadores”. Que forma tan vil de tergiversar las palabras. Un trabajador posee empleabilidad en la medida en que es capaz de decidir en qué trabaja y con la libertad de negociar en qué condiciones trabaja. ¿Dónde aporta empleabilidad al trabajador este atentado al derecho laboral?.
En la misma filosofía de: los demás tienen la culpa de lo malo, el Gobierno aporta soluciones, es tal el esmero de quienes han redactado el texto legal para no llamar a las cosaspor su nombre, buscando frases eufemísticas que sino fuese por la gravedad de lo que el RD-ley decreta causarían una carcajada. Así por ejemplo, para evitar
el término “despido”, dicen “mecanismos extintivos del contrato de trabajo”.
Ya en el capítulo II el Real Decreto-ley 3/2012, se dedica a favorecer a las Empresas de Empleo Temporal (ETT) de las que dicen “…las Empresas de Empleo Temporal se han revelado como un potente agente dinamizador del mercado de trabajo.”. Hay que recordar que en 1994, la UGT y el resto de sindicatos convocamos una Huelga General, al último Gobierno de Felipe González, contra la Ley 14/94 que legalizaba esta forma de intermediación en la relación laboral. Fue en 1997, con el primer Gobierno del PP (sin mayoría absoluta) que, esos sindicatos tan denostados por la rabiosa prensa conservadora, acordamos que el beneficio de las ETT no podía salir del salario del trabajador. Estableciendo que el trabajador en misión, es decir el que trabaja para un tercero pero está contratado por la ETT, nunca podrá percibir menos salario que los trabajadores empleados directamente por la empresa usuaria.
Hoy, con la reforma, se da un paso en el sentido de utilizar las ETT para avanzar en la privatización de los servicios públicos de empleo. Pues si los servicios públicos “se han mostrado insuficientes en la gestión de colocación”, ¿por qué no los potencian?; ¿por qué no los gestionan bien?.
Por otra parte, qué datos hay que acrediten que las ETT han sido un “potente agente dinamizador del mercado de trabajo”. Las ETT son meros intermediarios de mano de obra. Esto desvela que lo que el empresariado español busca, no es avatar los costes de trabajo, que también, lo que realmente se busca es evitar responsabilidades y compromisos con los trabajadores.
El capítulo IV se dedica a desregular la movilidad funcional: “…el sistema de clasificación profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear la rigidez de la noción de categoría profesional…”. Dicho con un leguaje entre trabajadores: tendremos más responsabilidad, haremos más por el mismo o menor salario.
En el capítulo IV; se facilita la suspensión del contrato de trabajo y la reducción de la jornada “…mediante la supresión del requisito de autorización administrativa…”; se atomiza la negociación colectiva al establecer que “…en materia de negociación colectiva se prevé la posibilidad de descuelgue..”, “se da prioridad al convenio colectivo de empresa y se regula el régimen de ultractividad de los convenios”.
De una tacada se atomiza la negociación colectiva y se abre la vía para la desaparición de la protección de los trabajadores, conocida en derecho como principio de ultractividad. El Gobierno nos empuja de este modo tres décadas atrás en legislación, y ya veremos la forma que toma esta traslación de la negociación del sector a la empresa. En un país con más de un 95% del tejido empresarial de pequeñas y medianas empresas. De entrada, subirá la factura en abogados, lo dice Martín Godino del gabinete Sagardoy Abogados: “Va a subir la judicialización, sobre sobre todo porque se suprime la autorización administrativa de los despidos colectivos” (El País 22-2-12).
La competitividad entre empresas ya no será por un producto o servicio más innovador, o por el mismo producto o servicio pero de mayor calidad. Se consolida la vía abierta por otras reformas laborales para que el factor de competitividad sea el salario. En este escenario, los trabajadores serán rehenes de la situación económica, del ejército de desempleados cuya desesperada situación les lleva a aceptar un trabajo sin condiciones. Este es el gran efecto de la introducción de euro, en favor de las rentas del capital: en lugar de devaluar la moneda, se devalúa el salario.
En su ansia por justificar lo injustificable, el Gobierno del PP arremete contra una decisión que tomó el Gobierno de Aznar, del que era ministro Rajoy, en el Decretazo que provocó la Huelga General de junio de 2002: El despido exprés. Dice el texto: “El denominado “despido exprés” se ha convertido, a la luz de los datos más recientes, en el principal cauce de extinción de contratos indefinidos, superando con creces el número de despidos colectivos y objetivos. Más allá de los beneficios en términos de rapidez y seguridad económica que esta posibilidad reporta a las empresas, el “despido exprés” se revela frontalmente opuesto a lo que debiera ser un sistema de extinción del contrato presidido por la idea de “flexiseguridad””.
Luego no ha sido España quien ha destruido empleo masivamente, sino los empresarios, a través del “despido exprés”, con 45 días por años trabajado. Se reconoce algo muy interesante: que las empresas han utilizado está forma de despido “superando con creces al despido colectivo y objetivo”, ambos con 20 días por año trabajado. Entonces, no es el coste del despido lo que prima en España.
Claro que la CEOE viene reclamando también un abaratamiento en los costes del despido. Lo que garantiza la reforma es despido fácil y barato, lo expresan así: “…la dificultad, que se ha venido denunciando, respecto a la posibilidad de acometer extinciones económicas con costes, en términos de tiempo y económicos, razonables.”. ¿Quién lo ha venido denunciando?, evidentemente, el Gobierno se refiere a la CEOE. ¿Es este el equilibrio al que se refiere el Gobierno?, ¿es esta la forma que el Sr. Rajoy tiene de gobernar para todos los españoles?.
He utilizado las palabras del Gobierno, reflejadas en las primeras diez páginas del Real Decreto-ley 3/2012, para no dejarme llevar por la pasión. Considero que queda claro cuál es el objetivo de esta reforma laboral: trasladar rentas del trabajo a rentas del capital; facilitar la explotación de los trabajadores y trabajadoras. Una vez que el sistema capitalista ha entrado en una crisis irreversible, los que viven de la inversión de su capital, no están dispuestos a disminuir su nivel de vida, han decidido mantenerlo a costa de los salarios de los trabajadores. Para conseguirlo tienen su Partido, el partido que representa sus intereses en el Congreso de los Diputados y en el Senado. La cuestión es: ¿dónde está el Partido de los trabajadores?.
Mientras aparece, solo nos queda nuestro Sindicato, con el que debemos salir a la calle, para hacer visible nuestro rechazo a esta agresión a los derechos de la mayoría de la sociedad. Para echar a tras esta reforma.
