La libertad sindical está siendo atacada, pues los ataques contra los sindicatos de clase, en particular contra la UGT y CCOO, o contra LAB en operaciones de propaganda policial que el PP lleva a cabo para no perder el voto de la derecha más extrema, son ataques contra la Libertad Sindical.
Son ataques que fomenta y aplica la derecha mediática, política y económica. Con el único fin de debilitar a las organizaciones de los trabajadores; bien sea magnificando actos administrativos en las portadas de los diarios al servicio del capital, bien sea persiguiendo judicialmente a los trabajadores que ejercen su derecho a la huelga, bien asaltando sedes sindicales, bien desde el poder legislativo atacando al sistema de Negociación Colectiva. A todo ello, hay que sumar los mensajes de la reacción populista contra todas las organizaciones de la clase trabajadora, y que todo indica va a formar parte del programa electoral de más de uno.
El 23 de enero de 2014, participé en Sevilla en un acto “En Defensa de los Sindicatos” y en el manifiesto que se aprobó decíamos:
“Todos estos ataques, que se suman a los recortes de derechos y servicios sociales anteriores y a las reformas laborales que atacan gravemente al derecho a la negociación colectiva, base de los sindicatos, se producen mientras que una brutal campaña ataca a los sindicatos de clase. Una campaña animada desde el gobierno Rajoy y los medios de prensa más reaccionarios, y que combina los recortes de recursos económicos y humanos de las organizaciones, con una ofensiva policial y judicial que trata de presentar a los sindicatos de clase como organizaciones delictivas. Campaña que llegaba a su culmen (por el momento), el 19 de diciembre, con la ocupación por parte de 60 efectivos de la Guardia Civil, a las órdenes de la juez Alaya, de la sede de UGT de Andalucía, y el precintado judicial del archivo de UGT Andalucía.”
Doce meses después, me ratifico en todos los términos manifestados por los reunidos en aquel encuentro de sindicalistas.
Vivimos en un sistema basado en la corrupción, desde Casa Real (Caso Noos y opacidad en el patrimonio acumulado desde 1975) hasta alcaldes y concejales de pequeñas poblaciones (Caso Púnica). Un sistema (capitalista) corrupto, como en otros países de nuestro entorno pero con el agravante de que aquí, la trama de especuladores ha pervivido desde el franquismo. Una corrupción necesaria para dejar hacer al capital a su antojo. Es en esa dinámica que se ha intentado por todos los medios implicar e identificar a las organizaciones de los trabajadores en esas corruptelas.
No seré yo quien justifique a los vividores y aprovechados que se hayan podido beneficiar. Pero nada tiene que ver el Caso Gurtel, el Caso Noos o el Caso Púnica, entre otros, todos ellos con la implicación del PP, con las acusaciones a la UGT por las subvenciones de la Formación. Será dentro de unos años, cuando la jueza Alaya considere que sus “macro causas” ya no dan más jugo político a la derecha, cuando veamos la realidad de toda esta polvareda. Hoy se está juzgando tanto a UGT y a CCOO por aplicar las condiciones de las convocatorias públicas con subvenciones para la formación. Si esas condiciones no eran correctas, que las hubiesen cambiado, pero no se puede juzgar a una organización por hacer lo que dice un contrato público. Máxime cuando la actividad formativa era y es auditada y certificada por la Administración que concedió las subvenciones.
De igual modo que se les pretende juzgar por haber facturado por su intervención en EREs ¿acaso los grandes gabinetes jurídicos contratados por los empresarios, lo hacen gratis? Por lo que yo sé, se factura a las empresas por los honorarios de los abogados y asesores sindicales, en función de los trabajadores no afiliados; ¿quién tiene que pagar esos honorarios, sólo los afiliados y afiliadas?.
En resumen, se trata (por parte de la prensa lacaya) de poner en el mismo nivel lo que puede y debe ser discutido (la financiación de los Sindicatos cuando intervienen en acciones que afectan no solo a sus afiliados, sino al conjunto de los trabajadores), y el robo a manos llenas de dinero público.
El objetivo de todo este espectáculo mediático, no es otro que atacar el prestigio de los dos grandes Sindicatos de Clase con dos fines complementarios: como cobertura de una acción legal y judicial para debilitarlos, y como elemento de presión para mantener un Dialogo Social que correspondía a otra etapa, en la que se conseguían avances y derechos, una etapa en la que había un mínimo de respeto institucional. El Gobierno del PP lleva desde enero de 2012 comunicando sus decretazos en materia laboral por teléfono y ni eso; el Diálogo Social hoy solo sirve para dar oxígeno al Gobierno, un Gobierno débil que no soportaría una movilización sostenida y organizada en defensa de los derechos y rechazando los recortes de derechos y libertades que se están cometiendo contra los trabajadores asalariados, los trabajadores desempleados, los pensionistas, los estudiantes.
En esa manía persecutoria del PP por perseguir la libertades, se ataca a los liberados sindicales, buscando minorar la capacidad de acción de los Sindicatos. Comenzó haciéndolo Esperanza Aguirre en Madrid, utilizando el poder que le daba ser Presidenta de la Comunidad Autónoma. Todo porque la punta de lanza de la resistencia contra la privatización sanitaria y contra el deterioro de la educación pública, la configuran los delegados y delegadas de UGT y CCOO en el ámbito sanitario. Y también se ataca este derecho desde la Dirección de Podemos quien, en su actitud reaccionaria, termina apoyando a la derecha, cuando generaliza y tacha a estas organizaciones de “organizaciones de la casta”.
Cuando se ataca a los liberados sindicales, se está atacando a la acción solidaria que tanto UGT como CCOO realizan en este país. Un país en el que el 98% de las empresas son pequeñas y medianas. En miles de ellas, los trabajadores, no tienen derecho a tener sus propios representantes, al no superar los 6 trabajadores en plantilla. ¿Quién se puede dedicarse a fijar derechos en la negociación colectiva sectorial si no son los liberados sindicales de las grandes empresas y de la Administración? Los que atacan este derecho, olvidan la acción de los sindicatos de clase en materias transversales, como es el trabajo sindical en materia de Pensiones, Inmigración, derechos de la mujer trabajadora, juventud, entre otras muchas materias.
Los sindicatos corporativos no quieren saber nada que no tenga relación con su empresa o, como el caso del SEPLA, con su colectivo profesional. Atacan el derecho a sumar horas sindicales para tener compañeros con dedicación plena, para tareas solidarias con otros sectores más débiles y/o materias específicas de interés para toda la clase trabajadora.
Por tanto, el prestigio es atacado a través de macro causas judiciales instrumentadas por la Guardia Civil, en instrucciones judiciales interminables que son magnificadas por medios de comunicación nada sospechosos de solidarios o de ser de izquierdas.
Económicamente se nos ataca retirando de súbito las subvenciones que estaban establecidas por ley y por disposiciones normativas, sin debate social alguno, pero no se cuestiona las multimillonarias subvenciones a la Iglesia, cuya acción carece de interés para los trabajadores. De nuevo aparece la actitud chantajista del Gobierno y la pretensión de reducir a la mínima expresión a las organizaciones sindicales con carácter de clase.
El centro de toda esta operación combinada entre los poderes del estado y la prensa contra los sindicatos, se concreta en el ataque a dos derechos que definen la libertad sindical y el lugar que ocupan los Sindicatos de Clase: la negociación colectiva y el derecho de huelga.
El Gobierno del PP lanzó, en marzo de 2012, un ataque histórico contra el Derecho Laboral, y en particular contra el sistema de Negociación Colectiva, al hacer prevalecer el convenio de empresa sobre el convenio de sector. Todo encaja; se fomenta el corporativismo al atacar a los liberados y se lleva la negociación al ámbito de la empresa, haciendo el caldo gordo a los empresarios más reaccionarios que fomentan sindicatos “independientes”, con los que rebajar las condiciones sociales y salariales.
Pero no quedan ahí los ataques a la libertad sindical. El Gobierno del PP, con sus ministerios de Interior y de Justicia, y con una fiscalía al servicio de los intereses del Gobierno más desprestigiado de la democracia, persigue el derecho a la Huelga cuando encausa a casi 300 trabajadores por defender sus derechos sociales y laborales ejerciendo su derecho a la Huelga.
Por eso y con razón, desde UGT exigimos la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. Y hemos considerado las enmiendas presentadas por el PP en el trámite parlamentario como enrevesadas y que solo persiguían mantener y acentuar la criminalización de los piquetes informativos. Derecho reconocido en el Artº 28.2 de la Constitución y en el Real Decreto Ley 17/1977.
Es una vergüenza el acoso que se está haciendo de trabajadores honrados, madres y padres de familia, a quienes se les está pidiendo hasta cinco años de prisión, como es el caso de ArcelorMittal, o los 8 de Airbus.
Es en este escenario general de persecución sindical, y de acoso concreto a los trabajadores que están imputados, que se me hace muy difícil entender que Pedro Sánchez haya dado un balón de oxígeno al Gobierno del PP, apoyando aunque sea parcialmente la reforma del Código Penal.
Esta es la forma que toma la persecución sindical y en concreto la criminalización del derecho de Huelga. Pero no es solo en España donde se persigue y se intenta acorralar; a primeros de enero el primer ministro de Reino Unido, el Sr. David Cameron y miembros de su Gobierno instaban a poner trabas legales al derecho de huelga en la legislación de su país.
No es solo España o el Reino Unido, son los empresarios secundados por sus administraciones quienes en el seno de la OIT están instando a limitar este derecho fundamental para equilibrar la capacidad de defensa de los intereses entre trabajadores y empresarios.
Por ello, celebramos y nos sumamos con entusiasmo a las movilizaciones que a nivel mundial ha convocado la Confederal Sindical Internacional y que en España ha sido la UGT y CCOO quienes llamamos a Manifestarnos el próximo día 18 de febrero: en Madrid, a las 18.00 desde Cibeles a Sol.
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