Los convenios colectivos son otro de los flancos más atacados por los opinadotes como: Miguel Boyer (ex ministro de Hacienda en el Gobierno de Felipe González), Cristobal Motoro (coordinador de asuntos económicos del PP) o Guillermo de la Dehesa (presidente del Centre for Economic Policy Research), a título individual; o los servicios de
estudios de las entidades financieras.
Todos coinciden en que hay que reformar el modelo de negociación colectiva, modernizarla o aplicar una fuerte descentralización. De igual modo que con la dualidad del mercado laboral, les cuesta llamar a las cosas por su nombre.
En realidad lo que quieren decir es que hay que reducir a la mínima expresión los convenios colectivos sectoriales, para potenciar los acuerdos de empresa. El paso siguiente, es lo soñado por los empresarios como Gerardo Díaz Ferrar, es que la negociación sea individual entre trabajador y empresario. ¿Tendríamos vacaciones pagadas si esto fuese así?, ¿y salario cuando caemos enfermos?, ¿tendría la mujer trabajadora derecho a ser madre, sin perder su puesto de trabajo?, ¿Cuál sería el número de horas de la jornada laboral?,…
Algunos como Miguel Boyer y Cristóbal Montoro, en fechas recientes han señalado en la prensa cómo hay que tender la trampa: “Excluyendo el salario del convenio colectivo”, entre otras ocurrencias. Los más claros en sus pretensiones son los
aplicados miembros del servicio de estudios económicos del BBVA, a los cuales cita, y por tanto se entiende que lo comparte, Guillermo de la Dehesa en un artículo suyo publicado en El País del 22 de noviembre de 2009, bajo el título “Dos
propuestas de reforma laboral”: “…, respecto a la negociación colectiva, aconseja una fuerte descentralización. Por un lado suprimiendo la eficacia general automática de los convenios de ámbito superior al de empresa y dejando que sea voluntaria; limitando la vigencia máxima de los convenios en ausencia de negociación, restringiendo su ultra-actividad; generalizando las cláusulas de descuelgue, eliminando las cláusulas de salvaguarda o haciéndolas simétricas, o directamente indiciando el salario a la productividad por ocupado en cada empresa. Por otro, manteniendo los niveles de negociación colectiva
actuales, pero cada uno con su especialización. Los estatales, negociando sólo aspectos generales como modalidades de contratación, fiscalidad, régimen disciplinario o formación continua. Los de rama, negociando lo que afecte al
conjunto del sector, como seguridad e higiene. Y los de empresa, negociando la duración de la jornada, la movilidad funcional y geográfica y los costes salariales que afecten a la competitividad y eficiencia de cada empresa”.
El artículo es mucho más largo, pero considero que este único párrafo ya delata lo que tienen en su cabeza los analistas de los mercados. Permítaseme comentar alguna de las ocurrencias esgrimidas por estos señores, pues son merecedoras de
algún comentario.
En primer lugar, hablan de suprimir la eficacia general automática de los convenios sectoriales, pues son los
únicos que existen de ámbito superior a la empresa. Dejando que sea voluntaria –se entiende que voluntariedad de la empresa, para el trabajador sería una medida obligatoria pues poco podríamos hacer en contrario-. Esto significa que los
millones de trabajadores que no tienen capacidad para negociar con sus empresarios, quedarían automáticamente a lo estrictamente establecido en el Estatuto de los Trabajadores. Recordemos que uno de nuestros derechos fundamentales es precisamente la eficacia general de los convenios. Derecho colectivo que da cobertura a todos y todas los trabajadores y trabajadoras de un mismo sector de actividad.
En segundo lugar, propone la limitación de la vigencia máxima de los convenios en ausencia de negociación, restringiendo su ultra-actividad. Es decir, hoy tenemos la “red de seguridad” de la ultra-actividad de los
convenios, que significa que hasta que no se negocia un nuevo convenio continúa en vigor el anterior. Estos señores proponen quitar esta red de seguridad, aludiendo a la ausencia de negociación; ¿y si es la patronal la que no quiere negociar?, ejemplos tenemos. Además son poco imaginativos, pues esta propuesta ya la incluyó el Gobierno Aznar en 2002 y la tuvo que retirar como efecto de la Huelga General del 20-J de 2002.
¿Alguien en su sano juicio se ha planteado la conflictividad que generaría que de repente en ausencia de convenio todos a Estatuto de los Trabajadores?. La trampa está en que si los sindicatos no firmásemos lo que las patronales desean,
no hay problema se agota el plazo, lo que ellos llaman limitar la vigencia máxima, y los trabajadores dejamos de tener todos los derechos marcados en el convenio colectivo para negociar desde cero.
En tercer lugar, de manera engañosa hablan de mantener los niveles actuales de negociación, pero restringiendo los contenidos, llevando los aspectos esenciales como: salario, jornada, movilidad funcional y
geográfica, al ámbito en el que los trabajadores somos más débiles, en la empresa.
Por último, y para no alargar más la disección del párrafo, decir que pedían generalizar las cláusulas de descuelgue. Esta petición la han conseguido en la reforma laboral que el Gobierno ha aprobado. A partir de ahora, y si el Gobierno no rectifica, los empresarios podrán incumplir los acuerdos salariales fijados en los convenios.
Los ataques a la negociación colectiva ni son nuevos, ni han finalizado continúan, la posibilidad de descuelgue salarial no les parece suficiente, y continuamos oyendo al Gobernador del Banco de España, coreado por los citados señores entre
otros corifeos, decir que hay que profundizar en la reforma de la negociación colectiva.
Roberto Tornamira Sánchez
Secretario General
26-junio-2010
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