En el documento titulado “El origen de la crisis” ya he explicado, muy a groso modo, como hemos llegado a la situación económica actual, y como se ha generado la dinámica de endeudamiento de los estados, financiados por los bancos, fondos de inversión, etc., y de cómo estos especuladores de toda laya recurren a los estados para ser saneados con dinero público.
Estamos asistiendo a un hecho insólito, como es que el Estado con una mano nos quita dinero a los trabajadores: Reducción de un 5% de los salarios de los empleados públicos y de los trabajadores afectados por el Real-Decreto Ley 8/2010 que no son empleados públicos, como por ejemplo los compañeros y compañeras de Mutuas de Accidentes
de Trabajo o los trabajadores y trabajadoras de Telemadrid; Intentando congelar las pensiones para 2011 a los pensionistas, entre otras medidas que ya conocemos. Con la otra mano, el Estado le da dinero a las entidades financieras, para que estas reduzcan su red y su plantilla, es el caso de los 12.000 millones de euros (FROB) que el Gobierno, a través del Banco de
España le ha dado a las cajas de ahorro, a condición de que destruyan entre un 10% y un 30% de los puestos de trabajo, o les compra los activos tóxicos, o les insufla liquidez, entre otras ayudas.
Esta dinámica es aplaudida por el Fondo Monetario Internacional, por la Comisión Europea, por el Banco Central Europea, y ejecutada obedientemente por el Gobierno.
No conformes con todo lo anterior, pues recordemos que el capital es egoístamente insaciable, ahora nos quieren quitar en torno a un 20% de nuestros salarios del futuro, es decir las pensiones.
En primer lugar, y antes de abordar cómo quieren ejecutar esta orden de los organismos internacionales, que a su vez están a las órdenes de los “mercados”, recordar que el sistema público de pensiones no se paga con los impuestos, lo
pagamos los trabajadores y los empresarios, con nuestras cuotas, en concepto de salario diferido. Y recordar también que el sistema público de pensiones no es deficitario.
De igual modo que está ocurriendo con la reforma laboral, pretenden establecer un falso debate, con la inestimable colaboración de las editoriales de los grupos de comunicación, para crear un clima favorable a sus objetivos. Igual que intentan enfrentarnos unos a otros con el argumento de la dualidad del mercado de trabajo (ver el artículo “Una Contrarreforma Laboral más contra todos los Trabajadores”), en este caso utilizan el argumento del incremento de la
esperanza de vida.
Esto lo ha desmontado perfectamente el profesor Viçent Navarro (Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona). Pues el aumento de la esperanza de vida no sólo está relacionado con que nos morimos más viejos, también está relacionado con que gracias al avance de la ciencia y la medicina mueren menos niños al nacer. Por tanto, es de tramposos decir que hay que alargar la vida laboral hasta los 67 años, cuando se están mezclando factores que nada tienen que ver con las pensiones.
Por otra parte, y continúo aludiendo a las posiciones del profesor Navarro, la esperanza de vida es una cuestión de clase social. Me explico: Un rico, por término medio, vive diez años más que un trabajador. Sin embargo la mayor esperanza de vida del rico se tiene en cuenta para hallar la media que establece la esperanza de vida. Esto podría ser correcto si se pretendiese alargar la vida laboral solo a los ricos, el problema es que estos no se dedican a trabajar.
Quieren que trabajemos dos años más de la edad legal actual (65 años), cuando en realidad los empresarios
llevan muchos años destruyendo empleo con derechos, a cambio de empleo más barato, por la vía de las prejubilaciones, de tal modo que la edad real de jubilación en España es de las más bajas de la Unión Europea, y está en torno a los 63 años. ¿No es más fácil tomar medidas legales para que la edad real de jubilación se acerque a la edad legal?.
El segundo ataque a nuestros derechos por pensión está en relación con el mínimo de años para tener derecho a una pensión contributiva. Actualmente debemos haber cotizado un mínimo de 15 años. Ahora quieren alargarlo hasta 17 años.
Los analistas, el Gobernador del Banco de España y demás voceros de los “mercados”, argumentan que esta es la manera de garantizar las pensiones a los más jóvenes. Este argumento es tan falso como el de la esperanza de vida, pues esta medida
de alargar los años necesarios para tener derecho a una pensión contributiva, va a perjudicar precisamente a los más jóvenes. ¿Por qué?, pues porque las últimas generaciones que se han incorporado al mundo del trabajo han sufrido la precariedad y la temporalidad en grado sumo; las tasas de temporalidad entre los jóvenes han superado durante muchos años el 50%.
Es decir, los jóvenes a los que falsamente se dice querer beneficiar, son los que más difícultad van a tener para acumular los 15 años de cotización para alcanzar el derecho a la pensión contributiva, por sus constates entradas y salidas del puesto de trabajo.
El tercer rejón que se le pretende dar al sistema público de pensiones es el de pasar de los actuales 15 últimos años de cotización a 25, o a toda la vida laboral como plantean muchos desde hace tiempo, para hallar la base de la pensión futura.
Este cambio matemático tendrá como resultado una reducción promedio de un 20% en nuestras pensiones de futuro. Para que cada cual pueda comprobar cuanto le supone de recorte, solo tiene que sumar las bases de cotización de sus últimos 15 años y dividirlo entre 15, y después hacer la misma operación con sus bases de cotización de los últimos 25 años y dividirlo entre 25.
Por último, comparar la diferencia porcentual entre los dos resultados, y aproximadamente sabrá cuánto le quieren quitar.
Tras este ataque a las pensiones públicas no sólo esta la pretensión de ahorrar dinero el estado, pues insisto en que las pensiones no se pagan con los impuestos. Principalmente está el objetivo de las entidades financieras y grandes aseguradoras de gestionar las grandes masas de dinero que generan las pensiones.
El sistema para lograrlo es muy burdo, es el mismo que el que han utilizado y están utilizando para privatizar la Sanidad la Educación: Se deteriora el servicio para justificar la necesidad de un sistema privado complementario.
Tenemos que decir que no, alto y claro, a esta pretensión del capital. Debemos hacerlo el 29 de septiembre con la Huelga General.
Roberto Tornamira Sánchez
Secretario General
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