Estamos inmersos en la mayor recesión vivida en España, en los últimos 60 años. Esto es irrefutable, pero da la sensación, por no decir la certeza, que la crisis esta siendo aprovechada por los famosos “mercados” -bancos, fondos de inversión, etc.- para cambiar la sociedad del Estado de Bienestar, en una sociedad del Estado de Suficiencia.
¿Será este el “Nuevo Orden Mundial” que nos anunciaba la Administración estadounidense, al principio de la década de los 90?. En el contesto de la I Guerra del Golfo.
Es innegable que en España han producido una burbuja inmobiliaria. Su origen está en la Ley del suelo de 1998, por la que se puso de moda la liberalización total del suelo. De poco sirve buscar culpables, pero no es de justicia poner en la misma balanza a los que se han beneficiado y a los que nos hemos perjudicado; las entidades financieras, bancos y cajas, cobran los intereses de las hipotecas que tan alegremente dieron, recuperan el nominal de la deuda, o bien se quedan con la vivienda, y la deuda continúa viva gracias la lo injusto de la ley a este respecto. En el otro lado está la mayoría de los ciudadanos, que fueron inducidos a pensar que los pisos seguirían incrementando su valor indefinidamente. Ambas partes han sido necesarias para llegar a esta situación, pero no por ello pueden ser puestas al mismo nivel, como así pretenden algunos tertulianos y analistas.
Del mismo modo, no es de justicia, omitir a quienes legislaron y aplicaron la Ley del Suelo. En primer lugar el Gobierno de la nación de aquella época; y en segundo lugar los gobiernos autónomos y municipales (los que lo hiciesen, que de todo habrá), que también pensaron que la recalificación de terreno no tenía final. Lo mínimo que habría que llamarles es irresponsables. No hay más que ver la situación actual de deuda de la mayoría de la comunidades autónomas, que, según datos del Banco de España a finales de 2010, acaparan el 10,2% del PIB nacional, unos 107.000 MM de euros. La Comunidad de Madrid tenemos un 11% de esta deuda, es decir 12.583 MM de euros. Los ayuntamientos en España, acumulan un 4,6% del PIB nacional, es decir unos 36.226 MM de euros. De los cuales el Ayuntamiento de Madrid capital acapara 7.134 MM de euros, lo que equivale al 19% de toda la deuda municipal española.
Esta es la parte de la crisis que podríamos denominar como “producto nacional”, sin que esto signifique que somos el único país que cayó en la locura inmobiliaria.
La crisis inmobiliaria se ha juntado con la crisis financiera internacional, que no obedece a otra cosa que a una descomunal desconfianza entre bancos y estados para prestarse dinero entre sí.
El abuso que los “mercados” están haciendo de esta situación radica en forzar a los gobiernos a tomar medidas de ajuste en materias que nada o poco tiene que ver con la crisis. Un ejemplo lo tenemos en España, donde se está atacando al Sistema Público de Pensiones, pilar básico de nuestro Estado de Bienestar. Un modelo que, a diferencia de otros países de nuestro entorno, no depende de la fiscalidad, pues se nutre de las cotizaciones de trabajadores y empresas, por tanto no está en relación con el déficit público; un sistema saneado, en tanto cuenta con un Fondo de Reserva de 62.000 MM de euros, 6% del PIB a cierre de 2009. Dada la presión de los “mercados” sobre la deuda española, el Gobierno puso un plazo, 28 de enero, para alcanzar un acuerdo o decretaría, como así lo hizo con la reforma laboral (Ley 35/2010).
UGT, junto al otro sindicato más representativo de este país y la Patronal, hemos optado por alcanzar un acuerdo defensivo, que amortiguase las pretensiones de los “mercados”, en este caso y en concreto las pretensiones de la patronal del seguro UNESPA, quienes abogan por ampliar el número de años para hallar la base reguladora a toda la vida laboral, y la ampliación de la edad a 67 años para todos. El acuerdo, inserto dentro del Acuerdo Económico y Social (documento que ponemos a disposición de todos los afiliados de FeS-UGT-Madrid que nos lo soliciten), incluye algunas medidas de avance en derechos para mujeres y jóvenes, medidas que habrá que desarrollar, además de garantizar la jubilación a los 65 años, para las carreras de cotización de 38,5 años o más.
Los bancos españoles, han conseguido la presa que llevaban buscando más de una década, por tanto nada tiene que ver con la crisis. Se trata de las cajas de ahorro, de las que se ha dicho de todo, incluso sus defectos que también los tienen, pero nadie pone el acento en el verdadero concepto que se hacía insoportable para los “mercados”, como es que la cajas de ahorro no reparten beneficio, en tanto que no tienen dueño, no tienen accionistas. Esto es lo que verdaderamente cambiará la configuración del sector financiero español, con todas sus consecuencias sociales, que no son pocas. Por ello, desde UGT hemos defendido y defendemos el actual status jurídico de la cajas.
Ahora vienen a que retrocedamos en el poder adquisitivo de los salarios, con la propuesta de la canciller alemana de desvincular los incrementos salariales del coste de la vida. Desde ya decimos que FeS-UGT-Madrid no está ni estará de acuerdo con esta pretensión y que pondremos todo el empeño para que esto no ocurra.
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