Estamos ante la crisis económica más grave que jamás hemos conocido las actuales generaciones. Posiblemente más grave que la crisis de los años 30 del pasado siglo, pues aquella acabó y esta aún no.
Dada la excepcionalidad de esta crisis, nos encontramos ante hechos excepcionales, y por tanto deberemos dar una respuesta excepcional ante la HUELGA GENERAL, convocada por nuestros sindicatos para el 29 de septiembre.
Motivos tenemos muchos, más y de mayor gravedad que nunca. Es el momento de la unidad de los trabajadores, de todos: Indefinidos y temporales, trabajadores con puesto de trabajo y desempleados, pensionistas y estudiantes. Todos y todas sin excepción.
1er Motivo
Se están tomando medidas de ajuste. Medidas que solo estamos pagando los trabajadores, la mayoría social, por una crisis que no hemos provocado nosotros.
Esta crisis la han generado quienes se metieron en dos guerras que no podían ni pueden pagan. Guerras a las cuales nos arrastraron a muchos otros países. Los responsables tienen nombre y apellidos y están fotografiados en las Islas Azores. Estos son los responsables del alza de los precios de los carburantes. Efectos que tienen impacto directo en el déficit del Estado.
Esta crisis la han provocado los especuladores que avalaron el pago de otros préstamos con hipotecas de alto riesgo “hipotecas basura”, para vivir por encima de sus posibilidades. Creando desconfianza entre entidades financieras y crisis del crédito.
Esta crisis es producto de la irresponsabilidad de quienes en 1998 promulgaron la Ley del Suelo en España, induciendo a construir de manera desmedida, provocando el endeudamiento de las familias. El Gobierno de 1998 es por tanto responsable directo de la burbuja inmobiliaria. Además de poner en riesgo la sostenibilidad medioambiental de muchas zonas de nuestro país.
Esta crisis es producto de las entidades financieras que indujeron y animaron a las familias a endeudarse, sin valorar si podrían pagar sus hipotecas. Ahora les quitan sus viviendas en pago de la deuda y les llaman morosos, sin que está traumática, dramática e injusta medida resuelva definitivamente la deuda.
2º Motivo
Para pagar los excesos de los especuladores y las entidades financieras, el Gobierno está utilizando dinero público, pero no tiene suficiente.
El Gobierno podría subir los impuestos a los más ricos, para aumentar los ingresos del Estado, pero no tiene valor para enfrentarse a ellos.
Del mismo modo, el Gobierno podría perseguir el fraude fiscal, en España y en los paraísos fiscales internacionales como Dubai, Suiza, Islas Caimán, Gibraltar o Andorra, entre otros muchos. Pero no tiene valor para hacerlo.
Lo fácil parece ser quitarnos el dinero de las nóminas a los trabajadores. Así, el Real-Decreto Ley 8/2010 le quita un 5% a los empleados públicos y a los que no lo son, como por ejemplo los trabajadores de Telemadrid, los de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, o los de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Para los trabajadores, principales beneficiarios de los servicios públicos, cuando se le quita el dinero de la nómina al médico, al bombero o al profesor, es igual que quitarnos a todos una cama de hospital cuando caemos enfermos, una manguera para cuando somos socorridos en un incendio, o quitarle la pizarra del aula de nuestros hijos e hijas. Detrimentar el poder adquisitivo de los empleados públicos es detrimentar los servicios públicos que todos necesitamos y utilizamos.
3er Motivo
Los empresarios, al menos es lo que está haciendo la CEOE que es quien les representa, están aprovechando esta crisis para abaratar los costes laborales. Perece ser que, como a lo largo de nuestra historia, los empresarios españoles son incapaces de añadir valor a sus productos a base de innovación e incremento de la calidad del producto o el servicio, solo son capaces de explotar y oprimir a los trabajadores deteriorando la condiciones de trabajo.
El Gobierno ha agredido la negociación colectiva al decretar la bajada de los salarios en empresas donde el sueldo estaba acordado por convenio colectivo. Este es el caso de los trabajadores de Mutuas de accidentes de Trabajo, de Telemadrid, de la Fábrica de la Moneda o del Metro de Madrid. Vulnerar un convenio es como vulnerar una ley. ¿Con qué fuerza moral nos piden que los trabajadores respetemos las leyes?.
El Gobierno ha decretado (Real Decreto Ley 10/2010) una contrarreforma laboral que no garantiza la creación de empleo, ni garantiza un aumento de la estabilidad en el empleo. La contrarreforma laboral solo garantiza el ahorro de costes laborales de las empresas con un abaratamiento generalizado del despido, con las bonificaciones a la contratación y con la ampliación del campo de actuación a las empresas de empleo temporal.
4º Motivo
Para satisfacer una histórica petición de los grandes bancos, el Gobierno ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para la privatización de la cajas de ahorro. A través de las cuotas participativas, que éstas tengan derechos políticos, y que un solo accionista pueda acaparar el 50% de las cuotas participativas de una caja.
La defensa de las cajas de ahorro no es sólo una cuestión de empleo. Al igual que los servicios públicos no es sólo un problema de los empleados públicos. Las cajas de ahorro suponen un beneficio indirecto para la sociedad, y muy directo para la investigación, nuestros mayores y la cultura, por citar tres ejemplos de los sectores a los que normalmente van dirigidos los fondos de la obra social de las cajas de ahorro.
Muchas veces he leído, en los medios de comunicación, al Sr. Botín quejarse de que las cajas de ahorro puedan comprar bancos, pero los bancos no puedan comprar cajas. Ya lo ha conseguido usted.
Lo que nadie le ha recordado al señor Botín, aún menos que nadie el Gobierno de España, es que las cajas no tienen accionistas, y los bancos si. Ni le han dicho que los bancos y las cajas obtienen beneficio pero que las cajas a diferencia de los bancos no repaten dividendo. Ni le han dicho que mientras él se embolsa el dinero del dividendo de sus acciones, las cajas lo destinan a reservas y a la obra social.
El problema de si una entidad es pública o es privada ya quedó superado, desde que Banesto fue saneado con dinero público; 285.000 millones de pesetas demostrando que no es cuestión de publico o privado si no de buena o mala gestión.
Una vez más, los caprichos de los banqueros se pagarán con dinero público. El Gobierno ha puesto a disposición de las cajas que se reconviertan en bancos, bajo el eufemismo de SIP, 12.000 millones de euros. Esta operación supondrá la destrucción de unos 20.000 puestos de trabajo, y la renuncia del Gobierno a tener una red pública de distribución del credito.
5º Motivo
Otro negocio que los bancos y grandes aseguradoras quieren pillar, es el de las pensiones de jubilación. Para ello llevan muchos años con pronósticos agoreros diciendo que no son viables.
Tras varias décadas con este soniquete, nuestro sistema de pensiones tiene superávit. Aún así, y ante las exigencias de los “mercados”, el Gobierno nos quiere aumentar la edad de jubilación en dos años, hasta los 67.
Quieren ampliar el período de los años de cómputo para hallar la pensión futura, pasando de los actuales últimos 15 años a 25 ó a toda la vida laboral. Esta modificación por si sola tendría un efecto de recorte del 20% de la pensión.
Quieren ampliar el número de años para tener derecho a una pensión contributiva, pasando de los 15 años actuales a 17.
6º Motivo
Esta estrategia persigue individualizar la negociación para debilitar el ámbito en el que el trabajador discute sus condiciones de vida y trabajo. Quieren potenciar la negociación en el ámbito de la empresa, cuando los trabajadores sabemos que la democracia en el seno de la empresa no existe. ¿Se puede negociar en igualdad de condiciones sin democracia?.
Estos seis motivos suman una agresión jamás conocida por los trabajadores y contra los trabajadores. Hay por tanto motivos más que suficientes para dar una respuesta muy contundente el 29 de septiembre en la HUELGA GENERAL.
Aún nos quedan por conocer las novedades que nos pueda traer el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado para 2011. Y nada nos dice que el contenido de los presupuestos sea para resolver los problemas de los trabajadores.
Todas las medidas de ajuste están diseñadas para dar confianza a los “mercados”, o a dar satisfacción a banqueros y grandes empresas. Ni una sola medida está diseñada para abordar el problema del desempleo, en un país en el que hay más de 4,5 millones de trabajadores sin empleo, en el que hay más de 2 millones de familias en las que ninguno de sus miembros tiene un puesto de trabajo, un país en el que hay más de 2 millones de desempleados de larga duración, un país en el que el Gobierno no ha tomado ni proyectado ninguna medida que garantice dar una solución a estos 4,5 millones de trabajadores sin empleo, lejos de ello, la tendencia es que el paro aumentará.
Tenemos 6 criterios y 4,5 millones de motivos para ir a la HUELGA GENERAL el 29 de septiembre. Yo Voy.