DEFENDAMOS EL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES

Fueron las luchas sociales en el último cuarto del s. XIX y primer cuarto del s. XX las que incitaron a la clase dirigente de aquellos años a intentar paliar el conflicto social por la vía de la creación de instrumentos que atendiesen, aunque sólo fuese en parte, las justas reivindicaciones de las asociaciones obreras, y si se me permite recordarlo de la Unión General de Trabajadores (UGT), fundada en 1888.

Un caso evidente de esto es la creación de la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, tras la huelga general de 1902, que se inició y tuvo una especial incidencia en Cataluña. Este no es el único caso de iniciativa cuasi privada en aquellos años, dos años antes, la Caja de Ahorros de Guipúzcoa abrió una sección de “retiro”.

La primera referencia sobre políticas de protección social hay que buscarla en la Comisión de Reformas Sociales (1883), siendo la primera ley en esta materia la Ley de Accidentes de Trabajo, de 1900. Tras estas iniciativas, el inicio del proceso asegurador para la vejez lo encontramos a partir de la creación del Instituto de Reformas Sociales (IRS en 1903) y del Instituto Nacional de Previsión (INP en 1908).

Será en 1919 cuando vea la luz la ley de Retiro Obrero, en 1929 el Seguro de Maternidad y por fin en 1931, la Constitución de la II República, en su artículo 46, dará cobertura a las necesidades de los trabajadores en pro de una existencia digna, regulando los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones anuales remuneradas, entre otras situaciones reivindicadas por las organizaciones de los trabajadores.

En 1963, se unifican a través de la Ley de Bases los distintos seguros sociales y mutualidades vigentes hasta la fecha, configurando un sistema integrado y de reparto. El régimen franquista reconoció, en la exposición de motivos de la ley, que se buscaba mediante ésta la “convivencia ordenada y justa de los españoles” evitando de esta forma posibles explosiones de conflictividad social.

El último momento significativo en esta materia tuvo lugar en abril de 1995, con la aprobación del Pacto de Toledo por parte del Congreso de los Diputados; de cuyo contenido, algunas recomendaciones aún están pendientes de aplicación y desarrollo, como por ejemplo la separación de las fuentes de financiación.

He intentado fijar los hitos históricos que marcan la evolución de un derecho fundamental para los trabajadores; como lo es el derecho a una pensión digna. Un derecho que nadie nos ha regalado, pues estas iniciativas y avances en la legislación siempre, como en el ejemplo de 1902, han estado precedidas de luchas reivindicativas de los trabajadores con sus organizaciones políticas y sindicales al frente.

Son los orígenes del Sistema Público de Pensiones. Las pensiones de jubilación, viudedad u orfandad conforman uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar junto  a la sanidad, la educación y la dependencia. Unos pilares que atienden las necesidades de la clase trabajadora, necesidades, que deben ser cubiertas por la red pública, cuando nos jubilamos, cuando caemos enfermos, cuando nos quedamos sin puesto de trabajo, etc.

En el presente periodo de nuestra historia, los sindicatos de clase venimos defendiendo el sistema de seguridad social, ejerciendo de punto de equilibrio frente a los grupos de interés que persiguen la “privatización de hecho” de las pensiones públicas.

Asistimos a campañas publicitarias con los supuestos parabienes de la capitalización, señuelo que se les ha desmoronado con la crisis económica que sufrimos desde 2008, dado los bajos rendimientos obtenidos por las gestoras privadas: según datos del Banco de España, editados el pasado mes de abril, la cifra de los depósitos formalizados en fondos y planes de pensiones privados se ha derrumbado en 10.801 millones de euros en marzo de 2016, de tal manera que la cartera de dichos depósitos cerró el mes con un valor de 42.680 millones de euros, tras sufrir una variación intermensual negativa del -20,2%.

Sin ser novedoso, también recurren al miedo, apelando al incremento de la esperanza de vida y a que el Sistema Público de Pensiones no es sostenible, por lo que no habrá pensiones para los trabajadores que hoy están en activo. Argumentos “de parte” que el profesor Vicenç Navarro desmonta uno a uno en su artículo “Las pensiones son viables” (www.vnavarro.org).

Los trabajadores tenemos que defender un derecho que hemos recibido y que debemos preservar para las generaciones presentes y futuras. Entre todos los asalariados y asalariadas tenemos que concienciar, ante el conjunto de la sociedad, de la necesidad de mantener intacto el derecho a una pensión digna, que dependa de las contribuciones de los trabajadores y de los empresarios. Que nadie pretenda establecer rentas de suficiencia, con carácter caritativo, a cambio de lo que no es otra cosa que salario diferido.

El verdadero problema de sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones es la utilización abusiva y desmedida que el Gobierno del PP ha hecho del Fondo de Reserva de las Pensiones; pasando de los 66.815 millones de euros que había en 2011 a los 24.207 en la actualidad.

El problema de sostenibilidad de las Pensiones es la caída en los ingresos de la seguridad social, motivada por las bonificaciones fiscales, tarifas planas y otros regalos que el Gobierno ha venido haciendo a las empresas, para la práctica totalidad de los contratos. También tiene efecto en la caída de los ingreso de la Seguridad Social la brutal destrucción de empleo que hemos sufrido en estos años, a lo que hay que añadir que el empleo que se genera es extremadamente precario; prueba de ello es que mientras los datos del INE dicen que la afiliación a la seguridad social crece un 3,4% a junio de este año, los ingresos crecen al 0,77%. Un desfase que, según un grupo de investigadores de la Universidad de Valencia, en doce meses los gastos superan a los ingresos en más de 17.350 millones de euros. No olvidemos que la precariedad y el desempleo, y por tanto la reducción de los ingresos de la seguridad social, están en relación directa con las reformas laborales de 2010 y 2012.

No tienen derecho a destruir lo que tanto nos ha costado construir.