En uno de sus múltiples alardes de cinismo, el Gobierno del Sr. Rajoy decía en la prensa económica del pasado día 15 de julio lo siguiente: “es un error que el 70% de la financiación en España dependa de los bancos”.
Cómo se puede decir tal cosa sin sonrojarse. Tras 6 (3 el PSOE y 3 el PP) reformas legales del sector financiero, tras haber hecho desaparecer el sector de cajas de ahorro (50% del sector financiero en su momento) en favor de la banca privada, y tras haber metido, en bancos y cajas, casi 200.000 millones de euros de dinero público, en distintas modalidades: capital, avales, etc., ahora resulta que es ¿un error? que no exista diversificación a la hora de encontrar fuentes de financiación.
Al margen del cinismo y la mentira sistemática a la que desgraciadamente ya nos tienen acostumbrados, la realidad es que este Gobierno es “genéticamente” incompatible con la cosa pública.
De nada sirven las campañas de dinero público, en forma de líneas de crédito a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por cuantías en torno a 22.000 millones de euros anuales; a las que ni las pymes ni las familias pueden acceder, sean solventes o no, pues el Gobierno es dependiente de los bancos privados; ¿es asumible que un Estado dependa de entidades privadas?.
Si lo que digo puede sonar exagerado, apelo a las declaraciones, realizadas en los mismos medios, del Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA): “…la situación es dramática. En los tres últimos años se han suspendido un millón de pólizas de crédito a través de la no renovación o la anulación unilateral por parte de la entidad financiera.”, “…el Gobierno podría hacer más sólo activando las líneas del ICO, que están teniendo bajadas espectaculares este año”.
Claro, el problema para activar dichas líneas, es que el Estado carece de una red básica para la distribución del préstamo y el crédito.
Los banqueros se quejan, pues consideran que una ley financiera, propuesta para abordar el asunto; “tiene tintes intervencionistas en una economía de mercado, ya que parece que lo que hay detrás es una obligación de dar créditos”. El anónimo banquero tiene razón: una entidad privada, siempre y cuando no haya sido saneada con dinero de todos, no puede estar obligada a dar créditos. En todo caso, los bancos privados no tienen derecho a obstruir la acción de un Estado, si en su legítimo derecho constituye una banca pública, como ya la tuvo España, para garantizar que el crédito llega a las familias, a las pequeñas y medianas empresas y al resto de sectores de la actividad económica. Colectivos y sectores, hoy condicionados por las necesidades de las entidades financieras privadas. Esto en sí mismo justifica la necesidad de una Banca Pública.
Los españoles, en este momento, somos propietarios colectivos de, al menos tres entidades: Bankia, Caixanovagalicia y Cataluña Bank, intervenidas por el Banco de España y el FROB. El Gobierno, debiera configurar una banca pública que resuelva el “error”. Para ello sólo tiene que aprovechar la astronómica inversión, realizada con dinero público, y crear con dichas entidades y el propio ICO, esa red de distribución del crédito que tanto se necesita.
Probablemente, esa sería una vía de saneamiento de la economía, incluso un buen canal para que el estado haga sus inversiones en infraestructuras, en innovación y desarrollo en distintos campos, etc., a la vista de que el capital privado apuesta más por los paraísos fiscales.
¿En verdad no hay salidas a la crisis?, yo creo que si las hay, el problema es que no están en la lógica de los mercados. Tan solo hay que tener el valor y la voluntad política de romper con esa absurda lógica del capital. O más sencillo aún: gobernar para quienes les eligieron.
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