La Formación de los trabajadores en activo es un derecho recogido en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esencia, dichos convenios y recomendaciones vienen a establecer lo siguiente:
- Desde el punto de vista de las empresas, al mejorar las capacidades de los trabajadores activos, se incrementan y mejoran también los posibles aportes que dichos trabajadores están en condiciones de hacer a las organizaciones productivas y de servicios en que están insertos, tanto en lo que refiere a la productividad como a la competitividad de tales organizaciones. Esto debería contribuir a que las empresas, al mejorar su desempeño interno y en el mercado, retengan y eventualmente generen empleo.
- Desde el punto de vista de los trabajadores, éstos obtendrían beneficios en términos de su empleabilidad. Ya sea para enfrentar situaciones de reconversión tecnológica, ya para cambiar de funciones dentro de la misma empresa, ya para moverse eficazmente en el mercado de trabajo consiguiendo otros empleos, ya para enfrentar –en última instancia- una eventual situación de desempleo en mejores condiciones.
En nuestro país, no siempre se ha dado formación al conjunto de los trabajadores en las empresas; pues hasta 1992, momento en el que nace la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (Forcem 1992-2004), la Formación de los trabajadores siempre fue vista por el empresariado como un desembolso económico que no estaban dispuestos a efectuar, en lugar de enfocarlo como una inversión que aportase valor a sus plantillas. En todo caso, la formación estaba restringida a los directivos de las empresas.
Además, es un derecho que los trabajadores contribuimos a financiar, con el 0,10% que en concepto de Formación Profesional se nos descuenta de nuestras nóminas cada mes. Cantidad que se suma al 0,60% que aportan los empresarios. Y es básicamente con ese O,7%, con lo que se financia la Formación de los trabajadores y trabajadoras en activo y en desempleo.
En FeS-UGT-Madrid, estamos convencidos de que España no hubiese dado el paso tecnológico de la informatización y la ofimática aplicadas al proceso productivo, entre otras muchas acciones formativas, de no haber sido por la canalización de los mencionados recursos a través de la Forcem y su sucesora desde 2004, la Fundación Tripartita. Dicho de otro modo, si del empresariado hubiese dependido nuestro país continuaríamos con la “máquina de escribir”.
Otros sectores, como por ejemplo la seguridad privada, se han beneficiado del modelo de Formación continua, al haber podido profesionalizar el sector en base a la Formación.
Este modelo está siendo cuestionado y atacado. ¿Con qué objetivo?: probablemente y como tantas otras cosas públicas, con la finalidad de privatizarlo completamente, en esta “ola obsesiva” en la que desde los gobiernos se están trasvasando rentas del trabajo y dinero público a las rentas del capital.
Afirmo que se está generalizando lo que es anecdótico. Con esta afirmación no tengo ninguna intención de justificar a quienes hayan cometido actos indebidos, y mucho menos delictivos, si la justicia así lo determina. “Quien la haya hecho, que la pague”.
Pero no se puede desmontar un modelo de formación, que ha sido muy eficaz, por el hecho de unos casos, presuntamente, de corrupción; como por ejemplo el “caso Aneri”, aquí en Madrid, en el que presuntamente, miembros de la patronal CEIM el Sr. Aneri y otros, se han apropiado de más de 15 millones de euros.
En 2005, se transfirieron competencias en materia de Formación Continua a las comunidades autónomas.
Nuestra Federación (FeS-UGT-Madrid), venimos gestionando formación para los trabajadores desde hace muchos años. Por retrotraernos solamente a 2006, primer año en el que se comenzó a ejecutar formación a través de programas con la Comunidad de Madrid, el número de trabajadores y trabajadoras que se han formado a través nuestra es el siguiente:
En el año 2006, se formaron 990 trabajadores y trabajadoras; en 2007, se formaron 1189; en 2008, se formaron 686; en 2009, se formaron 1059; en 2010 se formaron 868; en 2011, se formaron 1872; y en 2012, se formaron 241.
Entre 2006 y 2011, se ha venido formando una media de 1.111 trabajadores y trabajadoras en cursos relacionados con su trabajo y profesión. Como se puede observar por los datos, en 2012 en número de alumnos ha caído a un 20% aproximadamente sobre dicha media aritmética. Esa caída es debida al recorte en el dinero destinado a Formación que ha efectuado la Comunidad de Madrid, dinero que como se decía anteriormente proviene de las aportaciones de los trabajadores y los empresarios y no de los impuestos.
En este año 2014 no ha habido Formación gestionada por FeS-UGT-Madrid. Y no la ha habido, porque en el proceso de deterioro y ataque al derecho de los trabajadores en activo a formarse, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha decidido incumplir el contrato que suscribió con esta Federación, al no abonar el primer plazo (50%) de la subvención concedida. Abono que debiera haberse producido en marzo de 2014, tal como establece el contrato-programa firmado y la normativa que regula la financiación de los programas de Formación.
Desde FeS-UGT-Madrid, a lo largo de todo el primer semestre de este año 2014, hemos requerido al Gobierno de Ignacio González a que cumpliese con lo firmado en documento público, sin haber recibido contestación alguna.
Para esta Federación, la Formación es un derecho y no un negocio. La Formación, nunca ha sido una vía de financiación para esta Federación.
Por ello, sin ningún tipo de problema económico, hemos desistido del contrato-programa que teníamos con la Comunidad de Madrid. Pues la única opción que nos quedaba era la de financiar la Formación, para todos los trabajadores, con las cuotas de los afiliados. Es decir, financiar a la Comunidad de Madrid por el incumplimiento de sus responsabilidades.
Solo nos cabe lamentar que cientos de trabajadores y trabajadoras de nuestros sectores de actividad no puedan formarse, como venían haciéndolo en años anteriores. Lo sentimos por la Formación, por el Derecho a la Formación. Derecho al que no vamos a renunciar, pues es un Derecho de los trabajadores.