Los sindicatos de clase y el Derecho a la libertad sindical están siendo atacados, en particular la Unión General de Trabajadores (UGT). Dique de contención sin duda de la tropelía social y económica que se está acometiendo bajo la coartada de la crisis. Un Sindicato que probablemente podríamos haber hecho más que tres huelgas generales y un sinfín de manifestaciones y movilizaciones de todo tipo en estos años. Pero que con nuestros errores, pues seguro que los tenemos, estamos impidiendo día a día, en cada empresa y en cada sector, que la apisonadora de derechos que se puso en marcha hace 7 años, y en concreto a partir de mayo de 2010, haya concluido su trabajo. Lo anterior, no nos exonera de ejercer la acción sindical con ejemplaridad y transparencia.
El panorama político es muy desalentador, pareciera que los mercados hayan abducido a la clase política en general. Un problema más que sumar a la larga lista de problemas de los trabajadores. Ni podemos ni debemos abstraernos de la acción política. La política es fundamental para defender los intereses de la mayoría social.
Si aceptamos que la crisis comenzó en 2007, aunque el Gobierno de aquel momento no fuese consciente, en 2014 entramos en el octavo año de crisis. La perspectiva no es buena, desde el punto de vista de esta Federación ni hay brotes verdes ni luces al final del túnel, por lo que no hay motivos para pensar que el deterioro de las condiciones sociales y laborales va a durar menos de una década. Otra cosa será cuándo llegará la recuperación y en qué condiciones se producirá.
En este largo periodo de 7 años, y muy particularmente en el bienio que acaba de finalizar, ha quedado patente que las grandes fortunas, la minoría privilegiada por un sistema económico a la medida de sus intereses, han decidido que no quieren contribuir al mantenimiento del Estado de Bienestar, es decir: Pensiones Públicas, Sanidad Pública, Educación Pública, Servicios Sociales y Dependencia. Renuncian al Estado de Bienestar porque ellos, los ricos, no lo necesitan.
Según informes técnicos de Hacienda, el fraude fiscal en España alcanza los 70.000 millones de euros, un 23% del PIB. Equivale al presupuesto total del sistema sanitario. Los mismos informes dicen que, en 2010, las grandes empresas españolas evadieron 42.711 millones de euros. Dinero muy necesario para las arcas públicas, pero que estará a buen recaudo en paraísos fiscales. Y todo ello bajo un impunidad alarmante.
La mundialización de la economía, lo que eufemísticamente se ha venido llamando“globalización”, ha generado un agotamiento de los mercados. Se producen mercancías pero no se venden. Lo que ha llevado a que los especuladores hayan buscado subterfugios de todo tipo para generar beneficio, como por ejemplo las “hipotecas basura”, las “preferentes”, la “burbuja inmobiliaria”, entre otras tropelías.
La economía de casino, inspirada desde los propios gobiernos, nos ha traído leyes irresponsables como la “ley 6/1998 de 13 de abril, conocida como “ley del suelo”, responsabilidad directa del Sr. Aznar, Presidente de aquel Gobierno y de su Vicepresidente 2º y Ministro de Economía y Hacienda, el Sr. Rato, y de todo el Gobierno de entonces, pues se trata de un órgano colegiado. Ley que abrió la “barra libre” a la recalificación de terrenos, que ha tenido consecuencias irreparables para los españoles y españolas: solamente en el primer trimestre de 2013 se han ejecutado más de 19.000 desahucios, ese dato arroja una cifra de 76.000 familias desposeídas de su vivienda en media anual. Además, la burbuja inmobiliaria es la responsable de gran parte de la deuda externa generada, un endeudamiento para generaciones.
El fraude fiscal, las decisiones políticas irresponsables, la especulación sin límites,…,son algunas de las causas de esta tremenda e inmoral crisis.
Los desahucios, el ataque a todo lo público básico y necesario para la mayoría social son las consecuencias graves. Pero no las únicas consecuencias.
La saturación de los mercados y el agotamiento del crédito, debido a los excesos de los especuladores y en particular de los banqueros, está teniendo otras consecuencias añadidas a las ya mencionadas. La economía productiva, también es víctima de la especulación.
La economía productiva, manufacturera o de servicios, es “víctima intermediaria” de esta crisis. Las consecuencias de la saturación de los mercados y la ausencia de crédito no es absorbida por el capital de los accionistas o propietarios de las empresas. Para ellos -los capitalistas- es muy simple, se limitan a sacar el beneficio que no obtienen por su actividad económica de las nóminas de los trabajadores y de las condiciones de trabajo. Mucho más simple que invertir en innovación y desarrollo de los productos y mejora de los servicios, para buscar la competitividad por la vía de la mejora del producto.
Esta simplista actitud empresarial está deteriorando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, por dos vías: la más dramática con la destrucción de más de tres millones de puestos de trabajo, situando la tasa de desempleo en torno al 26%, 6 millones de españoles y españolas. Hemos pasado de un 8,3% de paro en 2007 a un 26,02% en 2012; la otra derivada de dicho ataque es la bajada de salarios, habiendo perdido los salarios, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en torno al 6%, en los ejercicios económicos 2012 y 2013. No son las únicas consecuencias para los trabajadores. Pues no podemos olvidar el incremento desmesurado del IVA y su efecto sobre los productos básicos (luz, combustibles, cultura, transportes, libros de texto, etc.). Habría que hablar de la sobre explotación o de la pobreza, que avanza sin freno en todas las comunidades autónomas.
Toda esta situación tan compleja, pretende ser silenciada y/o tergiversada en los medios de comunicación. Vulnerando el derecho constitucional a una información plural y veraz.
Se ataca a la UGT, para atacar la libertad sindical. Si el dique cae, la tromba será total. Defender la UGT es defender el Estado de Bienestar y las condiciones de vida y trabajo.
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